La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general el proyecto de ley que busca aumentar las penas por robos en zonas rurales o en inmuebles no habitados (boletín 17.170). Esta iniciativa fue respaldada con cinco votos a favor y uno en contra.
Sobre los objetivos de la propuesta legal, el diputado Diego Schalper, autor de la iniciativa, sostuvo que este busca enfrentar un fenómeno delictual creciente. Afirmó que “en muchas zonas rurales, los robos en oficinas, bodegas o fundos quedan sin sanción adecuada porque se encuadran como hurto. Queremos subir las penas para que el Ministerio Público pueda aplicar una persecución penal más efectiva”, indicó.
De esta manera, el texto propone modificar el artículo 442 del Código Penal, reemplazando el actual rango de penas por una sanción única de presidio menor en su grado máximo -3 años y un día a 5 años-. Asimismo, propone incorporar como nueva circunstancia agravante el ingreso sin autorización del propietario a lugares rurales.
Cuestionamiento del Ejecutivo
Desde el gobierno, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, advirtió que la iniciativa puede generar efectos no deseados sobre otros tipos penales al modificar un artículo general del Código Penal. Así, sugirió considerar el uso de agravantes específicas, como en el proyecto ya revisado en la Comisión de Agricultura (boletín 12.096).
En ese marco, el subsecretario puntualizó que modificar el artículo 456 bis permitiría hacer énfasis en zonas específicas sin alterar otras figuras.
En la misma línea, la defensora nacional, Verónica Encina, expresó su rechazo al proyecto. La personera argumentó que los datos muestran una tendencia general a la baja en este tipo de delitos desde 2015, con excepción de un alza puntual entre 2021 y 2022.
En ese sentido, recalcó que “subir penas no mejora la cobertura policial ni la capacidad de respuesta del Ministerio Público. Sin cambios operativos, no tendrá impacto real”, aseguró.
Ministerio Público alerta aumento en comunas rurales
Desde la Fiscalía, la subdirectora de la Unidad contra el Crimen Organizado, Tania Gajardo, presentó cifras que revelan efectivamente un alza sostenida en los ingresos por robos en lugares no habitados en comunas rurales. Estos datos indican 3.092 casos en 2022; 3.450 en 2023; 3.619 en 2024 y 778 casos acumulados en lo que va de 2025.
Gajardo precisó que muchos de estos robos se concentran en predios donde se sustraen maquinarias agrícolas o bienes de alto valor utilizados en faenas productivas. Así, en cambio, propuso ampliar el objeto material del artículo 443 para incluir expresamente ese tipo de bienes.
También sugirió definir de forma clara qué se entenderá por “zona rural”, ya que la falta de precisión territorial podría dificultar la aplicación de la norma. Además, propuso incorporar la figura del “escalamiento” para describir el ingreso no autorizado a predios, aunque no estén demarcados físicamente.
En la sesión también intervino el académico Guillermo Oliver, quien cuestionó la ubicación normativa del cambio que propone el proyecto. A su juicio, la modificación al artículo 442 distorsiona la lógica del sistema penal, ya que mezcla elementos de hurto y robo sin considerar su estructura jurídica. Por esta razón, al igual que el Ministerio Público, propuso trasladar la discusión al artículo 443 o considerar una reforma al artículo 456 bis como alternativa más coherente.
Votación y próximos pasos legislativos
Tras las exposiciones, la comisión aprobó la idea de legislar, con los votos favorables de las diputadas y diputados Gloria Naveillan (presidenta), Diego Schalper, Andrés Longton, Henry Leal y Hugo Rey. Mientras que el voto contrario lo entregó la diputada Clara Sagardia, quien argumentó confusiones normativas en la redacción del proyecto.
A continuación, la instancia fijó como plazo para presentar indicaciones el viernes 23 de mayo. Asimismo, determinó que en las próximas sesiones abordarán las observaciones técnicas para definir si se ajustarán los artículos propuestos o se incorporarán mecanismos complementarios para fortalecer la persecución penal en sectores rurales.
