Aumento de los tiempos en los procedimientos de elaboración o modificación; excesivo formalismo; duplicidad de funciones; y falta de coordinación entre órganos de la administración del Estado en la tramitación de los instrumentos de planificación territorial.
Esos son algunos de los problemas que se propone mejorar un proyecto (boletín 17251) ingresado por el Ejecutivo y abordado por la Comisión de Vivienda que, hoy, la Sala de la Cámara respaldó unánimemente y derivó a segundo trámite.
A través de esta propuesta se espera modernizar, fortalecer, agilizar y hacer más eficiente el sistema de planificación territorial. La idea es resolver de manera oportuna los problemas que se presentan en las ciudades y prever su ocurrencia.
De tal modo, este proyecto se orienta a incorporar mejoras al procedimiento general de aprobación de los instrumentos de planificación territorial. Así, se aclaran disposiciones que resultan obscuras o dudosas. Igualmente, se dota de mayor eficiencia al proceso de planificación, evitando paralizaciones o retrocesos en etapas muy avanzadas de la tramitación.
Asimismo, se diversifican los mecanismos de modificación de la norma urbana y gestión territorial. Para ello se consolidan, mejoran y amplían los procedimientos existentes. Esto se realizará en armonía con el reconocimiento de procedimientos simplificados de evaluación ambiental estratégica. Además, estarán en línea con lo que establezca el reglamento que rige el procedimiento ambiental, en los casos que corresponda.
Otros avances en planificación territorial
El texto también aclara las dudas en cuanto a las atribuciones y obligaciones que recaen en los instrumentos de planificación territorial en todos sus niveles. De igual modo, se fortalecen y detallan las competencias de la administración urbanística.
Por otro lado, se instala, a nivel institucional, una cultura de la planificación territorial. Tendrá énfasis en el monitoreo constante de los instrumentos y en la formación de capacidades institucionales. Por ello se le entregará a la División de Desarrollo Urbano la competencia para capacitar en planificación territorial y materias afines. Esto apuntará, especialmente, a las autoridades electas a nivel regional y comunal.
A lo anterior se suma el establecimiento de obligaciones de rendición de cuenta pública del estado de planificación comunal y nacional a los municipios y Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo. Además, se pone a disposición la información territorial oficial base para los procesos de planificación
Entre las normas modificadas por esta propuesta están el apartado sobre funciones y atribuciones de las municipalidades y sus unidades dependientes. También lo relativo a las competencias de los gobiernos regionales y diversos cuerpos legales relacionados con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus seremías. Junto a ellos, se enmienda la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, en lo referente a las exigencias urbanas y de construcción.
Debate
Expusieron en este debate Marta Bravo, Tomás Hirsch, Felipe Camaño, Daniel Lilayu, Jorge Saffirio, Frank Sauerbaum, Cristóbal Urruticoechea, Hotuiti Teao, Viviana Delgado, Ricardo Cifuentes, Juan Carlos Beltrán, Nathalie Castillo, Jaime Sáez, Leonidas Romero, Hugo Rey, Rubén Darío Oyarzo, Marta González, Camila Flores, Arturo Barrios, Eduardo Durán, Luis Sánchez, Marcela Riquelme, Christian Matheson, Benjamín Moreno y Claudia Mix. Por el Ejecutivo intervino el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
En términos generales, la recepción fue positiva a la propuesta. Se la estimó necesaria para agilizar procesos, por ejemplo, los relativos a los planes reguladores, que tendrán un tope de tres años y estarán diferenciados por etapas.
También se valoró el fortalecimiento técnico para los municipios y contar con procedimientos claros y bajo una interpretación unificada.
Entre las observaciones se criticó que se eliminara, en la Comisión de Vivienda, una norma propuesta por el Gobierno. Ella permitía que el Estado se pudiera asociar con empresas privadas para levantar proyectos de gran inversión.
Igualmente, hubo observaciones respecto de la especulación del suelo y el crecimiento inorgánico de algunos sectores, entre otros aspectos.
El ministro Montes, en tanto, resaltó que este proyecto está orientado a tener procedimientos eficaces. Sin embargo, remarcó que ello no implica una desregulación. Valoró el poder acelerar ciertos procesos y definir reglas claras con los particulares. Asimismo, dijo que una efectiva planificación debe ir acompañada de una adecuada inversión que la apoye.
