Esta semana quedaron constituidas las comisiones investigadoras que analizarán la seguridad marítima y pesquera, a partir de la tragedia de la colisión a la embarcación “Bruma” en la Región del Biobío (CEI 69-71); así como, la investigación sobre las acciones del Estado en la entrega de ayudas y reconstrucción de viviendas tras los incendios en la Región de Valparaíso (CEI 70).
Ambas instancias fiscalizadoras tendrán un plazo de 60 días para llevar a cabo su mandato.
De este modo, en el caso de la investigación del caso Bruma, está será dirigida por el diputado Hugo Rey, y acordó realizar sus sesiones los días martes a las 19:30 horas.
La solicitud, presentada por 63 diputadas y diputados, tienen como objetivo recabar antecedentes sobre el actuar del Estado en el caso de la desaparición y destrucción de la lancha pesquera “Bruma”, ocurrida el 30 de marzo de 2025.
Entre los aspectos a investigar se contempla el rol de la Armada, la Dirección General del Territorio Marítimo (Directemar) y el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Además, sobre los sistemas de monitoreo, condiciones de seguridad en zonas costeras y la respuesta institucional ante emergencias marítimas.
En dicho sentido, la CEI tendrá como función fiscalizar la coordinación estatal, verificar posibles negligencias y proponer medidas correctivas. También deberá evaluar el cumplimiento de protocolos de fiscalización y las obligaciones de seguridad que rigen sobre el tráfico pesquero.
Reconstrucción en Valparaíso
La segunda comisión constituida investigará los actos del gobierno vinculados a la reconstrucción de viviendas y entrega de ayudas tras los incendios forestales que afectaron a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024.
La instancia eligió como presidente al diputado Andrés Celis y fijó sus sesiones los días lunes, de 15:30 a 17:00 horas.
La presente investigación pondrá especial foco en los retrasos detectados en la implementación de los apoyos sociales, entre ellos el Bono de Acogida y las viviendas de emergencia.
Asimismo, la baja ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, creado por la Ley N° 21.681, que a la fecha ha ejecutado apenas el 0,3% del presupuesto disponible para la región.
Para ello, la comisión investigará el papel de diversos ministerios y organismos públicos, entre ellos los ministerios de Vivienda, Hacienda, Interior, Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, Senapred.
El objetivo es determinar posibles omisiones en la entrega de subsidios, en la implementación del plan de reconstrucción y en el seguimiento de los compromisos adquiridos con las familias damnificadas.
La solicitud responde a un acuerdo transversal entre parlamentarios de gobierno y oposición, quienes manifestaron la urgencia de aclarar las responsabilidades políticas en la gestión post catástrofe y acelerar la respuesta del Estado a las miles de personas que aún esperan una solución habitacional definitiva.
