Promover el desarrollo de la actividad económica del país, asegurando beneficios concretos y tangibles para diferentes sectores de la sociedad chilena, a través de la simplificación normativa de aspectos asociados a inversiones, es la finalidad del proyecto (boletín 17322) despachado por la Sala de la Cámara al Senado para cumplir con su último trámite en el Congreso Nacional, previo a su envío al Ejecutivo.
El texto se aprobó sobre la base de los acuerdos definidos en una comisión mixta con el Senado. En dicha instancia se abordó el único punto en controversia entre ambas corporaciones. Refirió al uso de dineros desde el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios en gastos para la reconstrucción de las comunas afectadas por el megaincendio de febrero de 2024.
En el tercer trámite, se rechazó la redacción planteada por el Senado, estimando que dejaba abierta la destinación de los recursos. Ello, según se observó, podría vulnerar el sentido del Fondo, enfocado en la reconstrucción. Así, se llamó a mantener la norma legal vigente, consignada en la Ley 21.681.
La comisión mixta apoyó un nuevo texto planteado por el Gobierno. Este pasó por continuar con la lógica de la citada ley, que explicita los fines exclusivos a los cuales se pueden destinar los dineros. Empero, se reformulan y amplía, de seis a once, las consideraciones. Entre ellas están estudios y preparación de antecedentes; reparación, reposición y reconstrucción de viviendas; adquisición de suelos; demoliciones; inversiones para la habilitación de espacios urbanos; subsidios de fomento productivo; y apoyo psico-social para los afectados.
Aspectos relevantes de la simplificación normativa
Esta iniciativa se propone atraer recursos productivos, fomentar la innovación tecnológica y favorecer el crecimiento sostenible y sólido de sectores estratégicos y en las regiones. En este marco, por ejemplo, se incluyen apoyos directos a las pymes, planteados en el primer trámite por las y los diputados.
Dicha medida es una respuesta al eventual impacto en la situación económica de las pymes a raíz de la reforma previsional. Específicamente, establece una extensión de la rebaja del impuesto de primera categoría, de 25% a 12,5%, para los años 2025, 2026 y 2027. Esto, considerando que al cierre del ejercicio respectivo la cotización previsional sea de 1%, 3,5% y 4,25%, respectivamente.
También se agrega a las entidades emisoras de tarjetas de prepago, sean bancarias o no bancarias, en la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre los saldos de productos o instrumentos de inversión económica, junto a las sumas de abonos, entre otros antecedentes.
A lo anterior, se suma prorrogar los plazos para los planes de acción regionales y comunales en materia de cambio climático. La idea es permitir que las nuevas autoridades municipales elaboren, diseñen y planifiquen las acciones de mitigación y adaptación con participación ciudadana y bases técnicas sólidas.
Otras normas refieren a la jornada laboral de choferes de vehículos de carga; plan de trabajo en el contexto de la Ley de Bosque Nativo; liberación de ciertos trámites ante la Dirección General de Aguas en proyectos de construcción de viviendas; exclusiones de acciones de intervención en humedales; y facilidades para la contratación de suministros de centros de investigación, desarrollo o innovación de universidades estatales, así como para la venta de productos y bienes muebles derivados de las funciones propias de estas casas de estudio.
Acelerar la reconstrucción y reactivación económica
En la discusión intervinieron los diputados Hotuiti Teao, Roberto Arroyo y Miguel Mellado. Si bien hubo valoración del proyecto de simplificación normativa, también hubo llamados a apoyar más decididamente la reactivación económica del país. Se apuntó, especialmente, a los sectores rezagados que aún no se recuperan de la pandemia y que engruesan la informalidad laboral.
De igual modo, hubo coincidencia en llamar al Gobierno a acelerar la reconstrucción en las comunas afectadas por el megaincendio del 2/F, en particular, ante la pronta llegada del invierno. Se apeló a que los recursos lleguen efectivamente a los afectados, por lo que se adelantó que habrá una fiscalización constante del uso del Fondo.
La ministra (S) de Hacienda, Heidi Berner, explicó a los diputados el cambio promovido en la comisión mixta. Remarcó que éste es necesario para garantizar diversas acciones para la reconstrucción que antes no estaban expresamente mencionadas y que son fundamentales para el proceso, como son las demoliciones, la generación de estudios para la planificación territorial y para la compra de suelo.
El informe de comisión mixta se aprobó por 118 votos a favor y siete abstenciones.
