“El modelo de abastecimiento de medicamentos a través de farmacias comunales permitió la instauración de un sistema de defraudación a las arcas comunales”. Así lo determinó el informe de la comisión investigadora sobre la asociación de municipales con farmacias populares (CEI56), que aprobó hoy la Sala de la Cámara.
Se acusa que la falta de control en el presupuesto, seguimiento y materialización de las farmacias populares resalta la necesidad de un enfoque más coordinado entre las entidades públicas y privadas en el sector farmacéutico. (Ver informe)
Los hallazgos dejan entrever un sin número de atribuciones con falta de control. Advierten, asimismo, que es fundamental adoptar medidas proactivas para prevenir problemas futuros.
En tal sentido, proponen un gobierno presente a través de la capacitación, monitoreo digital y colaboración con la comunidad y otras instituciones tan importantes como el Instituto de Salud Pública.
Por otro lado, se lamenta que dicho organismo esté limitado para fiscalizar. Ello permitiría evitar nuevos hechos constitutivos de ilícitos como los informados el año 2022 por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de investigar supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19, en donde figura el exalcalde, Daniel Jadue, imputado en cargos criminales.
Investigación farmacias populares
La comisión resaltó que la Contraloría General de la República manifestó serias deficiencias en la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). Entre ellas están la falta de información y control interno, así como existencia de convenios irregulares.
De ahí que se plantea que la falta de transparencia y las irregularidades detectadas sugieren una necesidad urgente de reformar las prácticas actuales para establecer un sistema de gobernanza más sólido.
La comisión investigadora también determinó que es fundamental que las municipalidades y Achifarp trabajen conjuntamente para corregir estos problemas. Igualmente, para asegurar que los recursos destinados a la salud pública se utilicen de manera eficiente y conforme a la ley.
En tanto, el Servicio de Impuestos Internos reveló una serie de preocupaciones significativas sobre la gestión tributaria de las farmacias populares y de su asociación. Expusieron que la falta de claridad en la normativa y la supervisión inadecuada podrían haber facilitado el incumplimiento de obligaciones fiscales y la comisión de delitos tributarios.
Un hecho revelador, recalca el informe, es el del alcalde subrogante de Canela, Francisco Santibáñez Yáñez, en la región de Coquimbo, quien reconoció en la comisión no haber recibido ninguna rendición de cuentas, ni estado financiero de ningún tipo, por parte de Achifarp, a pesar de haber realizado los aportes correspondientes como municipio.
Ausencia de autoridades y debate
Los integrantes de la comisión lamentaron la parsimonia de autoridades. El reproche recae en los alcaldes de: Valparaíso, Jorge Sharp; Arica, Gerardo Alfredo Espíndola; y Cerro Navia, Mauro Tamayo Rozas. Criticaron, además, la ausencia de la exministra Carolina Tohá.
Teniendo presente tal contexto, solicitaron agilizar la tramitación del proyecto que modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y que establece un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados (boletín 16163).
En general, las intervenciones parlamentarias apuntaron a este ámbito, lo que relevó que la facultad fiscalizadora de la Cámara se ha debilitado. Asimismo, plantean avanzar en la normativa que sanciona a las autoridades que no asisten a estas comisiones.
También plantearon la importancia que ha tenido el alivio de medicamentos más baratos que en las grandes cadenas y que, hoy, están en distintos lugares del país con un precio justo. Asimismo, se recordó el caso de colusión de farmacias y el daño que ello generó.
Participaron en el debate José Carlos Meza, Matías Ramírez y Jorge Durán.
