Con la comparecencia de la asesora de la unidad de fútbol de la delegación presidencial metropolitana, Constanza Barrera, y del consultor independiente, Ricardo Neeb, concluyó la ronda de audiencias de la comisión que analiza la acusación constitucional interpuesta contra el delegado presidencial Gonzalo Durán.
El libelo acusatorio plantea la responsabilidad constitucional en que este habría incurrido -por infringir la Constitución Política– al no cumplir con sus obligaciones en el resguardo del orden público. Lo anterior, por los hechos acaecidos el pasado 10 de abril en el marco del partido entre los clubes de fútbol profesional Colo-Colo y Fortaleza, de Brasil, en el Estadio Monumental.
En primer término, Constanza Barrera dio cuenta del proceso para realizar la solicitud de un partido de alta convocatoria. Explicó cómo opera la coordinación con los clubes organizadores, con la ANFP, con el programa Estadio Seguro, Carabineros y los municipios, dado que convergen tres comunas en ese sector.
Asimismo, hizo una relación de los hechos ocurridos durante esa jornada. Informó sobre las comunicaciones entre los distintos estamentos, tras conocerse el fallecimiento de los dos hinchas y cómo se determinó la suspensión del compromiso deportivo.
Por su parte, el consultor Ricardo Neeb planteó reparos a la prescindencia de contar con policías en los estadios, ya que las atribuciones de los guardias de seguridad en Chile son bastante escazas.
Sostuvo que, en virtud de los antecedentes previos y de los conocidos llamados en redes sociales de hinchas que pretendían ingresar en avalancha, no se hizo un debido análisis de riesgo. “Si este se realizó, fue muy débil, porque no se cruzaron los datos”, advirtió.
Consultas y próximos pasos de la acusación
Tras las exposiciones, las consultas de los parlamentarios apuntaron principalmente a las coordinaciones e informes previos que, según establece la norma vigente, deben estar en una “directiva de funcionamiento”. Lo anterior, porque su inexistencia facultaría a la autoridad a suspender el evento.
Además, se preguntó cómo se desarrolla la supervisión y evaluación de cada uno de los actores encargados de la seguridad, tanto fuera como dentro del recinto. Ello porque esta información debiera estar siempre incorporada en los informes post partido.
Finalizada esta etapa de audiencias, la comisión votará el próximo lunes 19 de mayo la procedencia del escrito. Consiguientemente, la Sala de a Cámara se pronunciará sobre la admisibilidad de la acusación en la jornada del martes 20.
Cabe recordar que, en sus fundamentos, el documento acusatorio señala que pese a los antecedentes de disturbios anunciados y luego de los incidentes en las inmediaciones del estadio, el delegado no revocó la autorización, ni ordenó la suspensión del encuentro por razones de seguridad sobrevinientes.
Asimismo, se sostiene que la gravedad y negligencia frente a los hechos ocurridos también permite configurar un ilícito constitucional por la falta de diligencia de adoptar medidas preventivas. Esto, principalmente por la convocatoria que existía para ingresar por la fuerza al recinto.
