La Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora sobre derechos de aprovechamiento de aguas en Ñuble y Biobío (CEI 58), en donde se constatan diversas irregularidades en el actuar de la Dirección General de Aguas (DGA) en torno a una pugna entre canalistas de dichas regiones.
Según se explicita en el informe, el conflicto se generó a partir de las distintas resoluciones administrativas emitidas por la DGA. Ellas habrían sido contradictorias respecto de los derechos de aguas entre las asociaciones de canalistas del Canal Zañartu (ACCZ) y Laja Sur. Ambas acusaron que el organismo no les reconoce todos los derechos de agua concedidos. Asimismo, se apuntó que se reconocían más derechos a Canal Zañartu de lo que efectivamente le corresponde.
Se resaltó que Canal Zañartu alegó poseer 45 m3/s, superior a los 33 m3/s otorgados por la DGA. Esto no se condice con la extracción histórica que esta asociación realizó sobre la cuenca del río Laja. Tampoco consta en ninguna inscripción ante el Conservador de Bienes raíces. Esta circunstancia, se precisa, duplicaría títulos, lo que quedó acreditado por los testimonios de los usuarios y por la misma DGA.
De tal modo, se desconoce la reclamación de una inscripción de 1952, por cuanto ella se subdividió con el tiempo entre distintos usuarios.
Intervención de la DGA en proceso judicial
El texto sostiene que la DGA interactuó en el caso, por la vía de resoluciones, pese a conocer que Canal Zañartu se encontraba judicializada. De ahí, que la dictación del acto administrativo del organismo constituiría una infracción a la ley.
La DGA fundamentó su accionar en la potestad de aclaración de los actos administrativos. “Sin embargo, el contenido del acto administrativo no se condice con los supuestos de la norma en cuestión y éste modifica el fondo de otro acto administrativo de carácter declarativo dictado en el contexto de un procedimiento de fiscalización, sometido al conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago”, especifica el informe.
En este marco se acusa a la DGA de vulnerar los principios de contradictoriedad, transparencia y publicidad. Esto se origina por la dictación de resoluciones cuando ya se encontraba el tema judicializado, sin audiencia de las partes interesadas. De ahí que no fuera posible modificar la asignación de caudal previa para ACCZ, que correspondía a 22,6 m3/s.
Obras ilegales con recursos públicos
Igualmente se constató que Canal Zañartu ejecutó obras en el río Laja sin autorización. Además, las habría hecho pasar como reparaciones menores, cuando se trató de una ampliación mayor de su red de canales. Ello le permitió captar un caudal mayor a lo extraído con anterioridad a la intervención del cauce natural.
Sobre el punto, el informe observa que, si bien la DGA confirmó que hubo sanción por la falta de autorización de las obras, no se impidió que captara aguas por sobre el límite permitido. Tampoco hubo una reacción especial por eludir la ley ni por haber contado para ello con recursos públicos a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR).
En tal plano, se remarca que las zigzagueantes resoluciones de la DGA sobre la fiscalización relativa a la posible extracción ilegal de aguas y el caudal que la ACCZ puede administrar, “han generado incertezas en todos los usuarios de la cuenca, las cuales deben ser abordadas por la autoridad en el menor tiempo posible”.
Respecto de propuestas, la comisión llama a contar con mecanismos más efectivos de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas. También, para fortalecer las facultades de la DGA en caso de conflictos y para fiscalizar a las hidroeléctricas.
Además, se estima necesario reformular la naturaleza jurídica del agua, en cuanto bien de uso público, y no meramente como un bien de mercado transable. Junto a ello, desarrollar una mayor coordinación efectiva entre la DGA y otras instituciones afines, como la CNR.
Debate
Participaron en el debate Frank Sauerbaum (quien presidió la comisión investigadora), Clara Sagardia, Felipe Camaño, Sara Concha, Joanna Pérez, Benjamín Moreno y Leonidas Romero.
En los discursos se resaltó cómo este caso afectó a 1800 pequeños campesinos con una disminución de caudal derivada de un accionar irregular de la DGA. Se cuestionó que el aumento de caudal en favor de la ACCZ se desarrollara en medio de un proceso judicial, sin razones claras ni justificación técnica.
Así, se observó que se llena de sospechas una decisión que pudo ser consensuada entre las partes. Igualmente, se estimó que acá está en juego no solo la legalidad de las resoluciones, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “Hay algo más que una simple disputa por agua; no es una diferencia menor. Aquí hay cosas extrañas”, comentó un diputado.
