Sala pide revisar política hipotecaria del BancoEstado

Esta es una de las materias aprobadas por la Sala de la Cámara en las solicitudes de resolución de la presente semana legislativa.

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Sesión de Sala 14 mayo 2025

Revisar las políticas de Banco Estado para el acceso a créditos hipotecarios es parte de la preocupación manifestada al Presidente de la República, por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la resolución 1433.

En ella, se pide al Mandatario que, a través del Ministerio de Economía, se revisen dichas políticas para establecer excepciones en favor de trabajadores que, por razones ajenas a ellos, no pueden acceder a un contrato indefinido.

Por ejemplo, reseña la resolución, trabajadores y trabajadoras del sector minero. Estos no son sujetos de contrato indefinido -por la naturaleza de sus funciones- y no pueden optar a un crédito, pese a contar con ingresos suficientes para hacerlo. Y, aunque pueden garantizar continuidad laboral -no presentan lagunas previsionales, no logran cumplir con los estrictos requisitos que la banca exige.

Control biométrico

Por otra parte, tras la pérdida de fentanilo y morfina desde dependencias sanitarias de Carabineros, las y los diputados llamaron al Ejecutivo a implementar controles de acceso biométrico.

El documento (resolución 1434) sostiene que este robo dejó en evidencia la precariedad de las instalaciones donde se deben mantener a resguardo drogas, psicotrópicos, morfina y cualquier otra sustancia controlada y de venta con receta retenida.

Para subsanar aquello, se plantea que todos los recintos públicos, especialmente de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, cuenten con un sistema biométrico u otro de control de acceso.

La resolución también solicita implementar un sistema de inventario en línea que sea monitoreado por la autoridad sanitaria y con fiscalizaciones periódicas.

Acciones en materia de salud mental

La Sala también aprobó dos resoluciones que llaman a incorporar tratamientos de salud mental en las prestaciones del ámbito público.

La primera (resolución 1436) plantea que “es urgente desarrollar un programa en salud mental dirigido a los cuidadores, que permita dar acompañamiento, diagnóstico, tratamiento y una red de apoyo efectiva” a quienes desempeñan esta tarea.

El texto, presentado por la diputada Marta Bravo, señala que, de acuerdo al Registro Social de Hogares, hay 640.000 personas en situación de dependencia moderada o severa. Por ende, se estima un número similar de cuidadores. Además, el 91,6% de estas personas encargadas son mujeres.

La segunda (resolución 1440) corresponde a una solicitud encabezada por el diputado Patricio Rosas, que propone crear una guía clínica para garantizar el tratamiento oportuno del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Esto, debido a que, hoy, no tiene cobertura. Este hecho expone a quienes lo padecen de sufrir grandes complicaciones.  

La resolución expone que, al menos, un 3% de la población en Chile tendría dicha condición. Sin embargo, esto puede estar subdiagnosticado, al no haber suficientes profesionales especializados en este trastorno.

Ayuda a bomberos

En forma unánime, las y los diputados visaron afirmativamente la resolución 1437, que busca ayudar a Bomberos en la adquisición de sus vehículos.

El texto, en específico, pide al Primer Mandatario disponer medidas para dejar sin efecto la aplicación de los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 21.640, en lo que respecta a los convenios de transferencia que suscriben los gobiernos regionales con Bomberos de Chile.

El punto es que dichas normas han dificultado gravemente la importación de vehículos y materiales, por exigencias como la rendición parcial, mediante facturas, lo que impide concretar adquisiciones necesarias para la labor operativa de los voluntarios. La resolución subraya que el objetivo no es reducir los controles ni la rendición de cuentas, sino permitir un acceso más ágil y eficaz a los recursos que requieren para responder ante emergencias.

Urgencias legislativas

El 13 de marzo de 2024, un grupo transversal de parlamentarios presentó una moción para establecer un permiso especial, de una semana, y un fuero laboral de un mes de duración, para aquellos trabajadores que hubiesen perdido sus viviendas en desastres naturales o emergencias (boletín 16663).

A más de un año del ingreso de la iniciativa, la norma aún no inicia su discusión en la Comisión de Trabajo. Es por esto que la Sala de la Cámara respaldó la resolución 1439, que solicita al Presidente de la República asignar suma urgencia a su discusión.

Para el autor de la iniciativa, el diputado Felipe Camaño, los trabajadores no pueden depender de la buena voluntad de los empleadores. Esto frente a las múltiples emergencias que se registran en nuestro país, como incendios, inundaciones o desastres naturales, y los posibles incumplimientos laborales que podrían darse a raíz de la pérdida de la vivienda por parte del trabajador.

Asimismo, el mismo legislador, a través de la solicitud 1438, pidió urgencia de discusión inmediata a la reforma constitucional que inhabilita a los deudores de alimentos a optar a cargos de elección popular.

El documento advierte que debe existir una norma que se encargue de elevar el estándar moral y requisitos para optar a todos los cargos públicos. En dicha línea, agrega, hoy esta inhabilidad solo rige para las elecciones de municipales y de gobernadores, no así para las candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado. 

Llaman a caducar concesión de sanitaria San Isidro

Por medio del respaldo a la resolución 1441, la Sala de la Cámara llamó al Gobierno a adoptar medidas efectivas para terminar con la concesión otorgada a la Empresa Sanitaria Aguas San Isidro S.A.

El requerimiento se sustenta en el concluyente informe de la comisión investigadora de la Cámara que solicitó esta caducidad ante los reiterados incumplimientos en la entrega de sus servicios.

La solicitud plantea que San Isidro S.A ha sido acusada repetidamente de no cumplir con las regulaciones ambientales y sanitarias vigentes. Asimismo, se observa que el historial de sanciones y multas impagas, en relación al servicio de primera necesidad que presta, refleja una crisis de salud pública y de falta de respuesta de la autoridad competente que requiere atención inmediata.