La Comisión de Gobierno Interior continuó con su estudio de la realidad del comercio informal en Chile y las medidas que se están desplegando para poder recuperar los espacios públicos.
En la cita, la seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, relevó la importancia de las denuncias oportunas en venta informal de alimentos y medicamentos. Dijo que esto influye en la coordinación con las secretarias de seguridad y con las delegaciones presidenciales en el contexto de la estrategia intersectorial.
A su vez , la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, Jasmina Viera, planteó que el reglamento sanitario de los alimentos establece las condiciones a que deberá ceñirse la producción, elaboración, almacenamiento y venta de alimentos para uso humano. Remarcó que el objetivo es proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos.
Mencionó que este reglamento se aplica, igualmente, a todas las personas, naturales o jurídicas, que intervengan en los procesos. También comprende a los establecimientos, medios de transporte y distribución destinados a dichos fines.
Viera indicó que las municipalidades tienen un rol colaborativo estratégico en la fiscalización del comercio informal. La labor se desarrolla a través de sus ordenanzas municipales que regulan el uso del espacio público, incluyendo ferias libres y comercio ambulante. Igualmente, respecto de la entrega de denuncias ante el Instituto de Salud Pública y las Secretarías Regionales Ministeriales.
Además, está la coordinación con policías municipales, para efectuar decomisos en terreno. Asimismo, los municipios apoyan con promoción de campañas preventivas y de educación sanitaria en las comunidades locales.
Comercio ilegal: Venta de medicamentos
Yasmina Viera destacó que la venta ilegal de medicamentos y la proliferación de la circulación de productos farmacéuticos falsificados constituyen una grave amenaza para la salud pública en Chile. “Esta problemática ha experimentado un incremento sostenido en los últimos años, favorecido por la comercialización informal en ferias libres, vía pública, redes sociales y plataformas digitales, fuera de cualquier control sanitario”, remarcó.
Sostuvo que, de acuerdo al artículo 8 del Decreto Supremo N° 466, del Ministerio de Salud, la venta de medicamentos sólo puede realizarse en farmacias o en sus plataformas electrónicas debidamente autorizadas por el ISP. “Toda venta realizada fuera de estos canales autorizados se presume ilegal y los productos son considerados falsificados, conforme a lo establecido en el Código Sanitario”, acotó.
Explicó que, tanto el IPS como las Secretarias Regionales Ministeriales, tienen las atribuciones de denunciar ante el Ministerio Público en caso de sospechas fundadas de comercialización ilegal de medicamentos. También pueden coordinar acciones con municipalidades y policías para el decomiso de productos comercializados informalmente.
Metro de Santiago
En la sesión también expuso Felipe Bravo, gerente general de Metro Santiago. Señaló que “están operando, actualmente, con más de 2 mil efectivos en seguridad en la red”.
Informó que su “Estrategia de Seguridad Integral” está enfocada en conceder una infraestructura asociada a seguridad y copamiento en estaciones. De igual modo, aborda el tema de imagen y limpieza de estaciones, así como de apoyo tecnológico. Además, a través de la estrategia, se crean campañas de comunicación masiva y fomenta la formación de alianzas.
Planteó que en el Congreso, actualmente, no existen proyectos de ley que otorguen facultades legales al personal de Metro, sujeto a la Ley de Seguridad Privada, que ayude a fiscalizar el comercio ilegal, cursar notificaciones, requerir la identificación personal ni despejar y/o retirar mercaderías del comercio ilegal para ponerlas a disposición del Juzgado de Policía Local.
De ahí que estimó necesario modificar la ley vigente asociada al metro de Santiago, para hacer frente al fenómeno del comercio ilegal. La idea es que su personal pueda contar con herramientas para garantizar la seguridad de los pasajeros.
Las y los parlamentarios coincidieron en que es vital que la Red de Metro brinde seguridad a sus usuarios y continuidad en el funcionamiento de las estaciones.
Adicionalmente, sostuvieron que es necesario dotar de herramientas jurídicas a las autoridades de Metro y a su personal de seguridad. De tal modo, su personal podría brindar más seguridad a sus usuarios y garantizar lugares libres de comercio informal.
