Las comisiones especiales investigadoras (CEI) abocadas al tema de las listas de espera y al acuerdo para la explotación del litio entre Codelco y SQM, aprobaron sus informes de conclusiones y propuestas respectivos.
La primera de las investigadoras se aprobó el 18 de noviembre de 2024, tras una solicitud de 62 diputados y diputadas. La segunda instancia se respaldó el 11 de diciembre del año pasado, también solicitado por 62 diputados y diputadas.
Los presidentes de las comisiones investigadoras, Tomás Lagomarsino y Cristián Tapia, respectivamente, valoraron la labor de las y los parlamentarios en temas complejos de abordar.
El primero de los informes señala que la situación de las listas de espera es una muestra de la grave desigualdad que afecta a las personas más vulnerables del país. Agrega que el Estado, desde hace años, perdió el sentido de urgencia respecto a este tema que debe ser tratado como una verdadera crisis.
En ese sentido plantea que es función del sistema de salud velar por el correcto funcionamiento del área en todos sus niveles.
Problemas de gestión
El informe, igualmente, apunta a que el problema de las listas de espera en la salud no sólo tiene que ver con recursos. Así, también se hace referencia a problemas de gestión y abusos en los que, incluso, familiares de funcionarios de la salud tuvieron tratos preferentes de atención.
A ello se suma una escasa planificación de los recursos y el nulo ingreso de nuevas prestaciones GES.
El texto responsabiliza la labor de exsubsecretarios de redes asistenciales, en cuanto a fallas en gobernanza y falsificación de registros. De igual modo, se responsabiliza al director del servicio de salud Araucanía, Vladimir Yáñez Méndez, quien, entre otras cosas, permitió un trato preferencial a familiares y amigos.
Asimismo, se solicita avanzar en un proyecto de ley que modifique el Código Sanitario. Junto a esto, se llama a tomar acciones para disminuir la lista de espera en salud visual.
Además, se destacó las más de veinte sesiones realizadas y la visita en terreno a ocho hospitales, en siete regiones de Chile.
Finalmente, se solicitó que se realicen gestiones para reestablecer vuelos interregionales entre Arica y Antofagasta, considerando que está última ciudad cuenta con un hospital que presta importantes servicios a los habitantes de la mencionada ciudad fronteriza.
Codelco – SQM
El informe de la comisión investigadora sobre el acuerdo para la explotación del litio entre Codelco y SQM señala que la decisión del Gobierno en la materia implicó desechar la posibilidad de realizar una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional.
Se estimó que dicha omisión ha levantado cuestionamientos fundados respecto a la conveniencia y legalidad del procedimiento utilizado Esto, especialmente por la falta de criterios técnicos y económicos transparentes que respalden la elección de la vía directa.
De igual modo, se lamenta que, hasta el momento, no se han divulgado informes comparativos, evaluaciones financieras ni estudios que respalden la decisión de negociar directamente con SQM.
Aquello, según el documento, refuerza la percepción de opacidad y falta de análisis técnico riguroso.
Se indica que el Estado debiese haber recibido al menos US$6.700 millones de forma inmediata. En cambio, al optar por una negociación directa, se acordaron utilidades sujetas a las ventas y al precio internacional del litio que, según estimaciones, se mantendría bajo, al menos, hasta 2030. Y, al no haber pago al contado, se considera que “este acuerdo representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales”.
Recomendaciones
En cuanto a recomendaciones y propuestas, se solicita dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga.
Se señala que la ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y la opacidad en la gestión de contratos refuerzan la necesidad de revertir el acuerdo.
Además, plantea ampliar y revisar la consulta indígena, ya que lo realizado, hasta ahora, ha sido parcial y meramente formal.
Igualmente, se plantea la realización de una licitación internacional del contrato y aprovechar la “oportunidad de corrección”, considerando que el acuerdo aún requiere la aprobación de autoridades regulatorias chinas y el término del proceso de consulta indígena, después de lo cual Corfo debe aprobar el texto final de los contratos con los que se va a implementar el acuerdo.
Por último, se debe establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas, oculten información o incumplan los estándares de transparencia y rendición de cuentas. La ausencia de sanciones ha perpetuado la impunidad y la repetición de errores en la gestión de recursos estratégicos.
Ambos informes de las comisiones investigadoras pasarán ahora a consideración de la Sala.
