Después de diversas solicitudes parlamentarias para que compareciera ante la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, la ministra Carolina Arredondo concurrió el pasado lunes 19 de mayo para responder a una serie de cuestionamientos sobre la gestión institucional y conflictos laborales al interior de la cartera.
Acompañada de las subsecretarias del área, también abordó la situación presupuestaria y administrativa del Ministerio.
En la citación se llamaba a la personera a referirse al tratamiento de las denuncias por acoso, maltrato laboral y discriminación política en contra de la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural; el traspaso de la administración de las fundaciones culturales desde el Centro Cultural La Moneda al Ministerio y sobre los procesos de selección del personal del Museo Interactivo Mirador, así como otras materias.
Al abrir su exposición, la ministra presentó el estado de avance de la ejecución presupuestaria del Ministerio, el cual alcanza a un 37,2% a abril de 2025. Además, explicó que, respecto a las asignaciones para sitios de memoria, el 2025 están contemplados más de 4.800 millones de pesos para iniciativas como Londres 38, Villa Grimaldi y el Museo de la Memoria. No obstante, recordó que conforme al protocolo presupuestario aprobado, en adelante estos recursos se canalizarán a través de la Subsecretaría de DD.HH. del Ministerio de Justicia.
En cuanto al traspaso de funciones desde el Centro Cultural La Moneda hacia el Ministerio, aclaró que sólo se limitó a la Cineteca Nacional que, de acuerdo al mandato legal que crea dicha institución, forma parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Por último, sobre las consultas referidas al personal del Museo Interactivo Mirador (MIM), la ministra aclaró que el MIM es un organismo privado que recibe financiamiento estatal. Pero, agregó, tiene autonomía en su gobernanza y no forma parte de la estructura del Ministerio.
Patrimonio cultural
En relación a la gestión del Ministerio en torno a las denuncias por acoso laboral, discriminación política y despidos injustificados en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, expuso ante la comisión el director nacional (S) de dicho servicio, Diego Montecinos.
El personero informó que se han registrado ocho demandas por acoso y 15 causas por despido injustificado. Además, sostuvo que existen, al menos, 65 sumarios administrativos sin resolución. Frente a esta situación, señaló que se han implementado medidas de reparación y se ha intentado establecer contacto con las personas afectadas.
La ministra agregó que, debido a investigaciones judiciales en curso, se reservaron comentarios sobre algunos de los procesos de tutelas laborales presentados.
Compromisos
En otras materias, la ministra Arredondo se comprometió al envío de información completa sobre los proyectos ejecutados a través de fundaciones como ProCultura en años anteriores al 2023.
Asimismo, en materia de financiamiento a organizaciones culturales, valoró la implementación del programa Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), que permite asegurar continuidad presupuestaria sin necesidad de postulación. Este mecanismo, explicó, se estableció a través de una resolución de la Subsecretaría de las Culturas, en línea con la Ley de Presupuesto 2025.
Sobre este punto, la presidenta de la Comisión, diputada Viviana Delgado, llamó a visibilizar la labor de los gestores culturales en barrios y poblaciones y solicitó a la ministra avanzar en un registro oficial que reconozca a quienes impulsan la cultura desde los territorios.
