Materias relacionadas a los ámbitos inmobiliario, notarial y deportivo estuvieron en el foco de la Sala de la Cámara en la presente semana. Además, se realizó una sesión especial temática y se abordó una acusación constitucional.
En la sesión del lunes 19, la Corporación aprobó, en tercer trámite, un nuevo beneficio que facilita la adquisición de viviendas. Asimismo, favorece la reducción de un stock acumulado estimado de 100 mil unidades en el sector inmobiliario.
El proyecto (boletín 17368), despachado a fase de promulgación, crea un subsidio a la tasa de interés hipotecaria de 60 puntos base. Solo aplica para la adquisición de viviendas nuevas y será atingente para personas naturales. Se entregará conjuntamente con una garantía estatal, con el objetivo de conseguir una baja de interés aún mayor al monto subsidiado.
La propuesta permite la entrega de hasta 50.000 subsidios, de conformidad con las siguientes reglas:
- Se trate de la primera venta efectuada sobre la vivienda.
- El valor de la vivienda no supere las 4.000 UF.
- Que la persona cumpla con los requisitos para acceder al Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva (Ley 21.543, que crea un Fondo de Garantías Especiales).
- Que cumpla con los demás requisitos establecidos en el o los decretos del Ministerio de Hacienda sobre la materia.
La propuesta también crea un Programa de Garantías de Recuperación Productiva Regional. Se destinará a empresas con ventas netas anuales entre 25 mil UF y un millón de UF y que realicen actividades económicas con una clara identificación regional o local. Se excluye a la región Metropolitana.
Finalmente, un último beneficio modifica la Ley 19.281, sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa. El/la interesado/a en postular al subsidio habitacional deberá focalizarse en viviendas económicas.
Notarios y carreras de autos
También el lunes, la Sala votó el informe de la comisión mixta que resolvió diferencias con el Senado en torno al proyecto (boletín 12092) que efectúa una reforma amplia del sistema registral y notarial. En la oportunidad, la Corporación respaldó el grueso de la propuesta. Sin embargo, dos aspectos puntuales, referidos al conservador de bienes raíces de Santiago, no prosperaron, por lo que no habrá ley en dicho punto.
El texto, que aún debe respaldar el Senado, contempla un nuevo sistema de designación para los cargos de notarios, conservadores y archiveros. El mecanismo pasa por un proceso de selección en el que intervienen la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP). La terna resultante será presentada al Presidente de la República, quien escogerá entre dichos nombres.
La iniciativa, igualmente, considera normas sobre la organización de los notarios y se describen sus funciones y atribuciones. Además, contempla las exigencias en infraestructura, equipamiento y publicidad de sus acciones.
Finalmente, en materia de proyectos de ley, la Sala aprobó un texto (boletín 17451) que facilita que los vehículos que llegan al país para competir en torneos internacionales puedan desplazarse por el territorio nacional, sin necesidad de contar con placa patente o permisos de circulación.
Sesión temática y acusación
El lunes en la noche, la Cámara se convocó para analizar los casos de financiamiento irregular de la política. Asimismo, se abordó la capacidad del Estado para enfrentar esta situación.
La sesión especial la solicitaron las bancadas de Renovación Nacional y la UDI. Al término de la jornada se aprobaron seis resoluciones.
Por último, el martes 20, la Sala rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del delegado de la región Metropolitana, Gonzalo Durán. El libelo había sido presentado por 11 diputados/as tomando como base los hechos ocurridos en el partido de fútbol por Copa Libertadores, entre Colo-Colo y Fortaleza, en el Estadio Monumental de la ciudad de Santiago.
En la sesión, luego que el delegado señalara que no deduciría la cuestión previa, se pasó directamente al fondo de la acusación. Para esto, tomó la palabra el diputado Juan Fuenzalida, quien presidió la comisión que analizó el libelo.
Luego, en representación del delegado presidencial expuso su abogado, Francisco Cox. En su línea argumental sostuvo que la acusación constitucional y el informe de la comisión revisora carecían de sustento jurídico y fáctico.
Tras el debate, la Corporación votó la admisibilidad, con el resultado ya mencionado.
