La Comisión de Mujeres aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto que modifica la Ley de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (boletín 17461).
El texto presentado por las diputadas Alejandra Placencia, Ana María Bravo, Marta González, Emilia Nuyado, Daniela Serrano y Gael Yeomans y los diputados Boris Barrera, Felipe Camaño y Luis Cuello; modifica la citada ley para adecuarla a la ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores.
Antes de la votación, la instancia escuchó a María Soledad Santana, directora nacional de la Asociación de Magistradas y Magistrados, y encargada de la comisión de infancia de la entidad. En su intervención manifestó el respaldo al proyecto ya que se han evidenciado múltiples casos de deudores de pensiones que obtienen licencia pese a estar inscritos en el registro.
Precisó que es necesaria esta adecuación normativa en la Ley de Tránsito, ya que en esta no está expresamente indicada la obligación del funcionario municipal de revisar el registro de deudores antes de expedir el documento.
La magistrada enfatizó que se debe cambiar el enfoque a la perspectiva de derecho y protección de la infancia. En ese sentido recordó que, según un informe de la Contraloría, 3 mil 432 personas renovaron licencia pese a estar en el registro y adeudan un total de más de 17 mil millones de pesos a niños y niñas alimentarios.
Asegurar el pago
Las y los legisladores plantearon una duda respecto a las licencias profesionales, ya que su no obtención podría implicar un círculo vicioso donde el deudor se vea impedido de ejercer una actividad económica que le permitiría pagar la pensión adeudada.
Esto, ya que, finalmente, el espíritu de la ley que regula el pago de pensiones así como la que creó el Registro de deudores es conseguir el pago de la deuda.
Al respecto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó que la citada ley menciona explícitamente el caso de las licencias de conducir y plantea la posibilidad de aplicar una excepción cuando la expedición del documento es indispensable para la ejecución de un empleo. Sobre el mismo punto, la magistrada Santana señaló que esto debe ir de la mano que el deudor que pide esto asegure el pago.
Tras aprobar la idea de legislar, la comisión acordó el plazo del 10 de junio para presentar indicaciones.
