La Sala de la Cámara respaldó el informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) en torno al denominado caso “Procultura”.
La instancia reunió información relativa a actos del Gobierno, en especial, de los ministerios de las Artes, las Culturas y el Patrimonio y de Hacienda, así como de la Dirección de Presupuestos, en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación Procultura, desde el año 2019 a la fecha.
En la discusión, iniciada en una sesión anterior, en líneas generales, se lamentó que este tipo de hechos de corrupción se hayan convertido en una tónica.
La diputada informante, Yovana Ahumada, dijo que lo más importante en este hecho es transparentar todas las situaciones que ocurrieron, todo con el objeto de evitarlos en un futuro.
El presidente de la instancia, Andrés Longton, sostuvo que hubo un amplio respaldo a un informe que da cuenta de una verdadera asociación ilícita para apropiarse de recursos públicos.
A su vez, Marcos Ilabaca indicó que, lamentablemente, hay una reiteración en estos casos de corrupción. En ese sentido, señaló que es preciso no hacer un aprovechamiento político, ya que este tipo de hechos no son de exclusividad de “un solo lado”.
Fueron parte del debate anterior Jaime Araya y Johannes Kaiser. En la última sesión se sumaron Andrés Longton, Francisco Undurraga, Cristián Araya, Marcos Ilabaca, Camila Flores, Leonardo Soto, Yovana Ahumada y Christian Matheson.
Modus operandi de Procultura
En líneas generales, el informe aprobado por la Sala plantea que existió un “posible modus operandi sistemático caracterizado por la asignación directa de fondos”. A ello se suma una deficiente fiscalización administrativa, debilidades en los procedimientos internos de validación y supervisión de organismos técnicos.
Se indica que la fundación Procultura incurrió, “reiteradamente, en gastos no autorizados, no relacionados con los objetivos comprometidos en los convenios y, en ocasiones, sin sustento documental adecuado”.
Además, se dejó en evidencia que existe una compleja e intrincada red de empresas relacionadas, directa o indirectamente, con integrantes cercanos o excolaboradores de Procultura.
Conclusiones y propuestas
Igualmente, el informe señala que el caso Procultura muestra una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales.
Asimismo, se expone la insuficiente evaluación institucional que benefició a Procultura, así como una serie de conflictos de interés que condujeron a graves vacíos en el sistema que, finalmente, permitieron la “entrega” irregular de fondos a la citada fundación.
En materia de propuestas, el informe plantea como indispensable impulsar iniciativas legislativas que aborden los temas de probidad y transparencia al interior de la administración pública.
Se releva potenciar a la Contraloría, por medio de un aumento de recursos, destinados a la contratación de personal dedicado a labores de fiscalización. También se estima vital robustecer el sistema de rendición de cuentas de distintas instituciones y reparticiones públicas.
Otro punto que el texto destaca es lo relativo a auditorías. Así, la idea es que estas sean regulares y rigurosas. A esas solicitudes se suma el agilizar distintos procesos, especialmente, ante casos de posible corrupción o traspaso de recursos de forma indebida.
