En su segunda sesión con audiencias, la comisión que investiga el proceso de reconstrucción tras el incendio ocurrido en febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana (CEI 70), recibió al subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Junto a él, participaron la directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián, y el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme.
Las autoridades entregaron antecedentes sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de ayudas, viviendas de emergencia y coordinación intersectorial.
El subsecretario Ramos explicó que, si bien la reconstrucción no es competencia directa del Ministerio del Interior, la institución ha tenido un rol clave en la coordinación general del proceso. Informó que, a través del Comité de Ayudas Tempranas, que sesionó en 11 ocasiones tras el siniestro, se impulsaron diversas medidas para responder a la emergencia. Entre ellas, la aplicación de la ficha FIBE que, al 22 de octubre, contabilizaba 8.608 hogares registrados y 22.068 personas catastradas.
Tras el catastro de información, señaló que una de las primeras medidas adoptadas fue la entrega del Bono de Recuperación. Este consistió en un apoyo único a 7.694 familias, a solo 21 días del siniestro, por un monto total de $11.111.250.000.
Luego, comunicó que se habilitó el Bolsillo Electrónico de Emergencia, por un monto de hasta 50 UF ($1.840.000) para familias que podían reparar sus viviendas. A ello, se sumó el Bono de Acogida, destinado a apoyar la habitabilidad transitoria de las familias afectadas. Este equivalía a 10 UF mensuales ($368.560), con una duración original de seis meses, que fue prorrogado hasta completar un año. Además, el subsecretario resaltó que el Ministerio del Interior realizó transferencias directas a los municipios para enfrentar gastos inmediatos en ayuda humanitaria.
Viviendas de emergencia: implementación y desafíos
Por su parte, la directora Alicia Cebrián detalló el proceso de instalación de viviendas de emergencia (VVEE). Este se organizó en tres etapas:
- Abril de 2024, donde se levantaron 1.218 VVEE.
- Julio de 2024, con 1.019 WEE.
- Marzo de 2025, con 301 VVEE, destinada a situaciones especiales.
De tal forma, detalló que, en total, se han instalado 2.528 viviendas en las tres comunas siniestradas. De ellas, 817 cuentan con todos los servicios básicos conectados, mientras que 1.723 presentaron dificultades, principalmente, por la imposibilidad técnica de realizar las conexiones a servicio básicos.
Cebrián explicó que algunas personas rechazaron inicialmente las viviendas ofrecidas, pero luego decidieron solicitarlas, lo que motivó la apertura de la tercera etapa. También indicó que hubo terrenos sin factibilidad técnica donde, de todas maneras, de procedió a instalar VVEE.
Finalmente, comentó que para enfrentar los meses de invierno, se definió un protocolo de atención que permita dar respuesta a fallas o urgencias en las VVEE. La finalidad fue asegurar condiciones mínimas de habitabilidad.
Avanzar en reconstrucción
Las y los parlamentarios expresaron inquietud por la incertidumbre que viven muchas familias damnificadas. Algunos señalaron que, pese a los esfuerzos institucionales, no existen certezas claras sobre las etapas siguientes del proceso de reconstrucción.
El subsecretario Ramos observó que Chile ha desarrollado una respuesta sólida frente a desastres sísmicos, pero reconoció que no estaba preparado para incendios de esta magnitud. En su opinión, este tipo de emergencias requiere otro enfoque. Por ello, planteó la necesidad de avanzar hacia una ley de reconstrucción que establezca criterios técnicos, normativos y de largo plazo.
Por otro lado, ante la consulta de parlamentarios sobre las viviendas sin servicios básicos que dejaron de recibir los bonos de apoyo, las autoridades explicaron que en esta emergencia se instalaron viviendas en asentamientos precarios que no contaban con las conexiones necesarias. Esto es algo que habitualmente no se realizaba, pero que, dadas las envergaduras del desastre, se tomó la decisión de proceder de todas maneras.
Frente a dicho escenario, explicaron que la normativa anterior establecía que la conexión a redes de servicios básicos corría por cuenta del municipio o del particular. Sin embargo, ahora, tanto la entrega de las VVEE como su conexión estuvo en manos del Senapred, debido a la nueva legislación vigente. Esto implicó un esfuerzo adicional para garantizar mejoras habitacionales y conexiones progresivas.
Finalmente, Ramos subrayó que el Estado debe ofrecer certezas. “No es digno que las personas damnificadas tengan que especular sobre lo que viene. Eso es lo que debemos resolver”, puntualizó.
