Urgencia o medida insuficiente son parte de los argumentos en torno al proyecto que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud (boletín 17424), en trámite en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Para conocer la opinión sobre el texto, la instancia recibió al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al Defensor de la niñez, Anuar Quesille, junto al alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer y a la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela.
Cabe recordar que hace algunos días atrás se produjo una balacera al interior de un establecimiento en San Pedro de la Paz, región del Biobío, por lo cual la instancia quiso escuchar al alcalde de dicho municipio.
Este manifestó que su comuna no cuenta con una dotación policial adecuada. Por ello, llamó a los legisladores a la pronta aprobación del proyecto sobre seguridad municipal. Añadió que los propios padres apoyan medidas como el registro de mochilas al ingreso de los colegios, porque hay un temor legítimo de estos padres respecto a que sus hijos vuelvan a un entorno donde esto podría volver a ocurrir.
El alcalde también criticó que sólo tras la balacera supo que el gobierno sumó a una parte de la comuna al plan Calles sin Violencia, sin ninguna comunicación formal previa.
En coincidencia, la alcaldesa Isabel Valenzuela, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, planteó que consideran como una herramienta necesaria el uso de pórticos. Pero, a su vez, acompañada de programas de salud mental escolar, protocolos de convivencia escolar e infraestructura segura.
Valenzuela también alertó sobre la ineficacia del control de armas.
Mayor debate
El ministro de Educación enfatizó que las escuelas deben ser espacios seguros y se requiere un abordaje integral en materia de control de la violencia y el uso de armas.
Sin descartar esta propuesta legal, el ministro Cataldo dijo que el uso de estos pórticos podría afectar derechos y que todo depende de la forma en que se implementa.
Al respecto, agregó que están abiertos a discutir nuevos mecanismos, a una discusión integral, porque la evidencia internacional no es concluyente sobre si el uso de estos elementos es una solución efectiva. Puntualizó que se debe considerar si una medida de esta naturaleza puede estigmatizar a los establecimientos donde se instalen, que se genere discriminación por los costos que conlleva instalarlos y los protocolos sobre quién los maneja o cómo se actúa en caso de detectar un arma.
Recalcó que las “soluciones rápidas de alto impacto mediático” suelen crear una falsa sensación de seguridad sin traducirse realmente en una reducción de la problemática. Por ello, solicitó a la comisión discutir la propuesta sumando a más expertos en la materia.
Asimismo, el defensor de la niñez planteó sus reparos a que esto se traduzca en una regla general ya que la limitación de derechos debe ser excepcional.
Urgencia o medida insuficiente
En la discusión, legisladores de la oposición y promotores del proyecto llamaron al gobierno a darle urgencia a este texto. Además, recalcaron que la propuesta legal faculta a los colegios y centros de salud a adoptar estas tecnologías de apoyo y no es una imposición.
En cuanto a las críticas por la posible vulneración de derechos dijeron que se debe enfatizar que no hay mayor vulneración que afectar el derecho a la vida de los menores. Sus autores también destacaron que este surgió para evitar que las autoridades municipales o escolares sean sancionadas por instalar estos pórticos, pese a contar con el apoyo de la comunidad educativa.
Pero en la sesión también hubo voces que coincidieron con el planteamiento que esta medida no es efectiva por si sola. Y, en esa línea, se insistió en un abordaje integral, considerando el proyecto sobre convivencia escolar radicado en el Senado.
Por último, sobre la postura que aprobar esto sería dar “una señal”, manifestaron que el rol del Congreso no es dar señales sino generar condiciones habilitantes para desarrollar una política pública adecuada.
