En los mismos términos que el proyecto originado en el Senado, la Sala aprobó y despachó a ley el proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas para obligar a las concesionarias viales a adoptar medidas de seguridad (boletín 15.073).
El texto dispone que el concesionario de obras viales deberá adoptar medidas de protección y seguridad al interior de las obras. Así, se establecerá en las bases de licitación las obligaciones de vigilancia, seguridad y asistencia como, por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad, cámaras térmicas, de sistema lumínico y lectores de patentes, entre otras.
La norma, aprobada por 137 votos a favor y 4 abstenciones, también obliga al concesionario que opere con sistemas electrónicos o manuales de cobro de tarifas o peajes permitir el acceso al Ministerio Público a la información e imágenes obtenidas, en el contexto de la investigación de un delito.
Y, la coordinación en tiempo real con las policías sobre placa patente o ausencia de la misma, marca, modelo y color de los vehículos motorizados que circulen por las obras.
Cambios a concesiones vigentes
El proyecto también faculta al Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Seguridad Pública, para adoptar las acciones tendientes a modificar, en un plazo de cinco años, los contratos de concesión vial vigentes que no cuenten con medidas de seguridad.
Este fue uno de los puntos que se cuestionó en la discusión en Sala, por el posible traspaso a los usuarios de los mayores costos de estas obras. Al respecto, diversos legisladores criticaron las utilidades que tienen las empresas concesionarias y que este proyecto pudiera suponer un alza de las tarifas.
Añadieron que es de toda lógica que las empresas se hagan cargo de establecer medidas de seguridad para los usuarios que utilizan sus vías. Asimismo, pidieron que se clarifique si esto tendrá o no un impacto en los bolsillos de los vecinos.
Sobre el punto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aseguró que estas obras se harán con recursos del Estado y no habrá traspaso a la tarifa.
Recordó que actualmente el país tiene 36 carreteras concesionadas donde no se tenían consideraciones de seguridad en las obligaciones de los contratos pero que hoy es necesario adoptar estas obras en una de las principales infraestructuras del país.
También aclaró que actualmente existen 2 mil 300 cámaras instaladas, principalmente en la ruta 5 sur, que entregan información al Ministerio Público y las policías. Pero, subrayó que este proyecto permitirá la conexión en línea para monitorear la actividad en las rutas.
Avanzar en más obras
Durante el debate en Sala, tras el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, entregado por el diputado Raúl Leiva, intervinieron Marta Bravo, Felipe Camaño, Jorge Durán, Andrés Jouannet, Leonidas Romero; Jaime Araya, Agustín Romero y Natalia Romero. Asimismo, Sara Concha, Cristián Araya, Miguel Mellado, Miguel Ángel Calisto, Marisela Santibáñez; Gastón Von Mühlenbrock, Sofía Cid, Leonardo Soto, Francisco Undurraga, Alejandro Bernales y Juan Carlos Beltrán.
En los discursos se valoró el proyecto que permite entregar mayor seguridad en el uso de las autopistas, las cuales son, además, escenarios de múltiples delitos como robos y ataques a camiones. Pero, se planteó qué ocurre en los caminos laterales que dependen del Estado y se llamó a que también se garanticen estas medidas tal como se solicita a los privados.
A su vez, llamaron a automatizar carreteras tanto en el sur como en el norte del país, para contar con tecnología que permita identificar los tránsitos que se realizan.
Finalmente, se consideró que el proyecto supone un upgrade a las concesiones para que los usuarios puedan transitar más tranquilos por estas vías. Pero, se enfatizó que las empresas concesionarias deben ser más activas en colaborar con la persecución del delito, a través de la colaboración con las policías.
