La Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, acordó avanzar en la tramitación de dos proyectos cuyo origen está en mociones parlamentarias.
Se trata del proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías (boletín 13828). Así como, el que establece límites al desarrollo de la inteligencia artificial, en resguardo de los derechos humanos fundamentales (boletín 17112).
El primer texto, moción de los senadores Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y Alfonso De Urresti, y de los exsenadores Guido Girardi y Carolina Goic, fue aprobado por esta comisión en enero de 2022. Este materializa la reforma constitucional para establecer el desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas (Ley 21.383).
Su objetivo es impedir que se intervengan los cerebros sin consentimiento para protegerlos ante los avances de la neurociencia y la inteligencia artificial. Así, la norma apunta, entre otras materias, a la protección de la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Todo ello, en el contexto del desarrollo de las neurociencias, las neurotecnologías y sus aplicaciones clínicas (Ver nota relacionada).
El segundo proyecto, de autoría de los diputados Johannes Kaiser, Tomás Lagomarsino y Cristóbal Urruticoechea, establece limitaciones a los desarrolladores y operadores de inteligencia artificial. Busca, de este modo, que el resultado de la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de IA siempre tenga como objeto principal y efecto necesario, el bienestar de las personas y la sociedad.
Prioridad legislativa
La comisión escuchó al diputado Kaiser, quien defendió la pertinencia del proyecto. Pero, asimismo, se debatió sobre la priorización de estas materias y consultó la opinión del Ejecutivo al respecto.
El diputado Johannes Kaiser afirmó que este proyecto genera un marco jurídico más alto que el establecido en el proyecto que regula la IA (boletín 16821). Añadió que es un catálogo de derechos que otorga un marco a la judicatura en la revisión de los casos en que se violenten estos derechos ciudadanos.
Al respecto, la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, planteó que les preocupa cómo este proyecto conversa con el texto ya aprobado sobre IA. Además, recordó que en materia de prioridades legislativas, el gobierno definió avanzar en los proyectos sobre transferencia tecnológica y el de IA. Luego, el compromiso fue avanzar en la moción sobre neuroderechos.
La comisión manifestó su respaldo a dar espacio al debate de ambas iniciativas y acordó recibir la opinión de algunos expertos. Para ello fijó plazo el próximo martes 17 de junio para remitir la lista de posibles invitados, así como escuchar a lo autores de las mociones.
Acuerdo IA con Brasil
La ministra de Ciencia también expuso ante la comisión el Memorándum de Entendimiento entre Chile y Brasil, sobre Inteligencia Artificial y el desarrollo del modelo de lenguaje latinoamericano (LLM), junto a la inversión para la creación de dos centros de infraestructura tecnológica orientados al desarrollo de IA, anunciado por el Presidente de la República en la cuenta pública.
Explicó que, en el primer caso, este modelo es de carácter abierto y funciona bajo el estándar de los principios de propiedad intelectual. Asimismo, se ha ido extendiendo el trabajo en la materia a la participación de diversas instituciones, como la propia Cámara de Diputadas y Diputados.
Como ejemplo, citó el programa Municipio a la Vanguardia, que está en una primera etapa de desarrollo. En el participan las comunas de Coquimbo, Ovalle, Zapallar, Valparaíso, Catemu, Maipú, Renca, Quinta Normal, Las Condes, Huechuraba, Puente Alto, La Reina, El Monte, Los Lagos y Puerto Montt.
A partir de las consultas parlamentarias, precisó que este proyecto tiene un costo aproximado de 30 millones de pesos. La capacitación a los municipios se hace a través del propio Centro Nacional de Inteligencia Artificial.
En cuanto a los centros de infraestructura, indicó que estos se requieren para funcionar los data center y hay un apoyo desde el Ministerio para el desarrollo sustentable de esta industria. Por último, sobre el resguardo frente al intercambio de información, la ministra Etcheverry reiteró que el modelo es de acceso abierto, sobre bases legalmente utilizables. Además, su carácter abierto es, por ende, fiscalizable y utilizable por todos.
