La Comisión de Vivienda comenzó la revisión de cinco proyectos de ley que abordan una misma preocupación: prevenir caídas de menores desde departamentos. Con este fin, se propone, por ejemplo, exigir la instalación de mallas de seguridad en edificios de más de dos pisos, cuando en ellos habiten menores de 12 años.
El diputado Héctor Ulloa, autor de una de las mociones (boletín 16913), afirmó que se trata de tragedias “absolutamente evitables”. Por esto, junto con la obligación de la instalación de mallas, propone que su incumplimiento se sancione con multas de, al menos, 2 UTM ($137.600). Agrega que la obligación de esta medida podrá traspasarse desde el propietario al arrendatario, lo que debe quedar contenido en el contrato.
Por su parte, el diputado Jorge Durán recordó que su iniciativa fue presentada en marzo de 2019 (boletín 12461). “Han pasado años y seguimos lamentando muertes. Esta ha sido una lucha larga y agradezco que más colegas se sumen a esta causa”, expresó. El parlamentario explicó que, así como se exige una silla especial para transportar a menores en vehículos, también se debe regular la seguridad en viviendas cuando hay niños.
En la misma línea, la diputada Flor Weisse destacó la gravedad del tema y solicitó al Ejecutivo que le dé urgencia a la discusión. En su moción (boletín 15682), la parlamentaria propone multas de 1 a 10 UTM ($68.800 a $688.000) para quienes no cumplan con la normativa. Además, establece que la administración del edificio será la encargada de supervisar la instalación de las mallas. Y agrega que las obras requeridas para dar cumplimiento a esta obligación no podrán ser consideradas como una alteración a la fachada del edificio.
Departamentos más seguros
En tanto, la diputada Claudia Mix planteó en su propuesta (boletín 17284) que todo edificio destinado a vivienda, que exceda los dos pisos, deberá contemplar la instalación de mallas de seguridad permanentes en balcones y ventanas. El incumplimiento de esta medida sería sancionado con una multa de 15 a 20 UTM ($1.032.000 a $1.376.000).
Desde la misma perspectiva, la diputada Marlene Pérez señala que las medidas de seguridad no podrán ser retiradas por el copropietario, arrendatario u ocupante de los departamentos (boletín 17588). Tampoco podrán hacerse modificaciones que afecten el estándar de seguridad que resguardan los medios existentes. “Espero que nunca más un niño pierda la vida por una situación que podemos prevenir”, concluyó.
Palacio Heiremans
En segundo lugar, la comisión recibió al director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región Metropolitana, Roberto Acosta. El objetivo fue tener más antecedentes sobre la venta directa del “Palacio Heiremans”, efectuada por el servicio a la Fundación Salvador Allende.
La propiedad fue adquirida en 2004 por la fundación mediante pagos anuales acordados con el Serviu. Sin embargo, por ocho años, la institución no pudo cumplir con los pagos. Frente a este escenario, se llegó a un acuerdo entre ambas entidades para saldar la deuda acumulada a través de la entrega de 93 obras de arte. En ese momento, se estimaba que la deuda era aproximadamente de 560 millones de pesos.
A la sesión también asistieron el subdirector Jurídico, Fernando Bravo, y el jefe de la División Jurídica, Marcelo Belaunde. Los diputados les consultaron sobre el estado de las obras que aún no están en poder del Serviu, dado que es la misma fundación la que las tiene a su cargo y cuidado.
Los funcionarios señalaron que, de acuerdo a las fiscalizaciones que se han realizado, las obras se encuentran en buen estado. Pero, lo que buscan como servicio, es recuperar el patrimonio. Por lo tanto, necesitan saber cómo se puede saldar de la mejor manera este proceso.
Además, señalaron que es primera vez que el servicio recibe un pago a través de obras de arte. Frente a este escenario, expusieron que están evaluando si se pueden vender estas piezas, o bien, buscar otras vías de generación de ingresos, como una exposición, con el objetivo de velar por la conservación del patrimonio público.
