La Comisión de La Familia recibió a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, para conocer los múltiples cambios que el Senado aprobó en el proyecto de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile (boletín 9119).
Tras escuchar la presentación de la ministra, la instancia acordó recomendar a la Sala la aprobación de las modificaciones al proyecto que está en tabla para la sesión de Sala del lunes 16 de junio, con urgencia de discusión inmediata.
La norma ingresó a trámite a la Cámara de Diputados en octubre de 2013. Tras diversos cambios presentados por los respectivos gobiernos de la época, la Cámara lo aprobó y despachó a segundo trámite al Senado en Mayo de 2019. Dicha corporación introdujo una serie de modificaciones, entre ellas las necesarias para la adaptación de esta propuesta legal a las diversas legislaciones que se han dictado en los últimos años, como la Ley de garantías y protección integral de los derechos de la Niñez y adolescencia. Finalmente, lo aprobó en su segundo trámite el pasado 5 de junio de 2025.
Así lo explicó la ministra Toro, quien destacó que el actual texto recoge entre otros puntos derechos de los menores como: el derecho a ser oído, el de representación jurídica, a la identidad, a la búsqueda de orígenes, junto con el derecho a vivir en familia, que son fundamentales en un proceso de adopción.
“La adopción la vemos como una medida de protección permanente (…) del niño, niña y adolescente”, subrayó la secretaria de Estado. El texto apunta, no obstante, a que la adopción es un proceso subsidiario ya que en primer lugar está promover la reinserción en el seno familiar del NNA.
Estructura
En su estructura, la propuesta legal se organiza en nueve títulos o capítulos, desde las disposiciones generales -con sus principios, derechos y garantías-, así como las reglas generales de la Declaración de Adoptabilidad, los procedimientos de adopción, tanto nacional como internacional, la conservación de información y búsqueda de orígenes, y las prohibiciones y delitos, entre otros puntos.
Uno de los principales puntos que aborda la nueva legislación es acotar los plazos de las intervenciones previas a la adopción, para reducir el tiempo que demora este proceso. Así, de acuerdo a la norma actual, un proceso de adopción, dependiendo de las circunstancias de la situación familiar, podría llegar a tardar hasta 8 años. Con la propuesta legal en trámite esto se podría reducir a dos años.
El proyecto de ley también incorpora en la legislación la adopción de NNA extranjeros por familias chilenas. Esta modalidad no está regulada en la actual normativa.
El proyecto dispone el derecho de los NNA a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, cualquiera sea su composición. Asimismo, se privilegia la evaluación de la familia o adoptantes, sin prelación.
Por último, este proyecto también permitirá, solo en casos excepcionales, que una Familia de Acogida pueda solicitar la adopción de un menor a su cargo. Para ello se plantea que esto será posible solo si el tiempo de permanencia del NNA con dicha familia sea superior a 18 meses de forma ininterrumpido y el menor haya sido declarado susceptible de ser adoptado.
Delitos
La futura ley de Adopción tipifica una serie de delitos relacionados. Por ejemplo, sanciona a los funcionarios públicos que revelen información reservada.
Además, castiga con presidio la obtención ilegal de un NNA. En estos casos, se elevan las sanciones si esto se configura a partir de un abuso de autoridad o confianza, media un beneficio económico o de otro tipo o interviene alguien encargado del cuidado del niño. Asimismo, si se busca sacar al NNA del país.
Debate parlamentario
Las y los legisladores de la comisión realizaron una serie de consultas a la ministra Javiera Toro. Entre ellas, y considerando como destacado que el proyecto reduzca los plazos del proceso, se planteó la duda sobre la posible recarga a los servicios responsables y los tribunales de familia, así como los recursos necesarios para apoyar estos procesos.
En ese mismo sentido, si los plazos fijados para las distintas etapas son consistentes con el trabajo que tendrán estas instituciones. Al respecto, la personera abordó el informe financiero del proyecto y los recursos que se suplementan para esto fines a los servicios como, por ejemplo, a las corporaciones de asistencia judicial.
Otra materia de preocupación fueron los casos de familias de acogida, el derecho de los NNA a ser oídos y que las condiciones de pobreza no puedan ser determinantes para separar a un menor de su grupo familiar, sino generar los apoyos para su revinculación.
