La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara recibió al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Rodrigo Pino. Ambos informaron sobre las medidas adoptadas por las instituciones para prevenir el involucramiento de policías y militares en delitos en la macrozona norte
En su exposición, el general Araya abordó el caso de los 14 carabineros de Huara (Tarapacá), formalizados por cohecho y asociación criminal.
En la instancia señaló que todos fueron dados de baja y que las denuncias se realizaron oportunamente. Agregó que la institución cuenta con una política de control interno, auditorías periódicas, test de drogas, fiscalización de armamento y actualización de declaraciones de intereses y patrimonio, entre otras medidas.
Sobre dicho punto, detalló que, de los 55 mil funcionarios, solo un 0,34% presentó casos positivos en test de drogas en 2024. Así, también, rechazó que estas conductas formen parte de una cultura institucional.
A su juicio, quienes cometieron estos delitos “son personas que no merecen vestir el uniforme “. También destacó que Tarapacá ha mostrado una disminución de delitos y que se mantendrá la labor de control y combate al crimen en la zona.
Preocupación por delitos en el norte
Las diputadas y diputados presentes solicitaron mayores antecedentes sobre las responsabilidades administrativas, las sanciones aplicadas y los mecanismos de supervisión internos. Igualmente, coincidieron en que este tipo de hechos no debe poner en duda el trabajo de la institución, pero sí exige medidas claras de prevención, transparencia y formación.
Por su parte, el general Rodrigo Pino expuso los mecanismos preventivos implementados por el Ejército, desde 2022, para el despliegue de tropas en zonas con estado de excepción. Entre ellos, destacó capacitaciones obligatorias, formación en reglas de uso de la fuerza, procesos migratorios y riesgos asociados al cohecho. Subrayó que el tiempo máximo de despliegue se limita a 30 días por operación y no más de cuatro veces al año.
Finalmente, el general Pino indicó que todo el personal debe realizar declaraciones de intereses y patrimonio, y que existen canales internos para denuncias o sugerencias de fiscalización anónimas. Con estas medidas, precisó, se busca reforzar el compromiso institucional con la probidad y evitar cualquier vínculo con actividades delictivas en la macrozona norte.
