Por 7 votos a favor y cinco en contra, la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información en relación con el proceso de adquisición por el Fisco de Chile de la casa que fuera propiedad del ex Presidente Salvador Allende, respaldó el informe de conclusiones presentado por la oposición (CEI 66-67).
El documento, impulsado por los diputados Andrés Longton y Paula Labra, establece que la fallida transacción no solo estuvo marcada por desprolijidades técnicas y jurídicas, sino que, además, desde su origen, se vio empañada por una grave improvisación institucional en materia presupuestaria.
En esa línea, precisa que el Congreso Nacional jamás aprobó la adquisición de la vivienda del ex Presidente Allende como se argumentó erróneamente en el discurso gubernamental, ya que la modificación presupuestaria para permitir dicha adquisición se hizo posterior a la discusión parlamentaria y de forma interna mediante instrucción presidencial.
Asimismo, el informe da cuenta de la ausencia de un procedimiento claro, estandarizado y normativamente obligatorio para la retasación de bienes inmuebles cuando existe una discrepancia entre tasaciones públicas y privadas. Al respecto, se advierte la ausencia de documentación formal y la “evidente opacidad con que se adoptaron decisiones cruciales al más alto nivel político y administrativo del Estado”.
El informe aprobado postula que la compraventa de la casa de Salvador Allende no es solo una operación destinada a honrar el legado de un ex Presidente. Sino que, añade, es también “una operación económicamente beneficiosa para su familia”.
Responsabilidad presidencial
El texto también hace alusión al rol del Presidente Gabriel Boric en este caso. Sobre el punto, señala un intento explícito del Primer Mandatario por eximirse de responsabilidad, sosteniendo que desconocía las potenciales inhabilidades constitucionales que rodeaban la adquisición.
El informe indica que el Mandatario, en pro de la impunidad política, señaló en su oficio de respuesta que desconoce el texto expreso de la Constitución Política de la República, “cuestión inaceptable comprendiendo el rol del jefe de Estado en el entramado institucional chileno”.
“Un Presidente que desconoce el contrato político contenido en la Carta Fundamental, donde se regulan no solo las potestades presidenciales sino el marco de protección de los ciudadanos frente al Estado, es simplemente alguien que no pareciera estar en posesión de aptitudes mínimas para ejercer la primera magistratura”, añade el documento.
El diputado Gustavo Benavente entregará el informe a la Sala.
