Las votaciones de las resoluciones de la presente semana incorporaron una serie de medidas que son solicitadas al Ejecutivo en materias de educación, salud y organizaciones sociales.
Así, en primer lugar está la resolución 1456 de la diputada Alejandra Placencia, que pide al Presidente de la República elaborar y presentar ante el Congreso Nacional, un proyecto de ley que establezca un sistema de financiamiento basal para la educación pública de Chile, aplicable a los niveles de educación parvularia, básica y media.
Esto, garantizando la participación de las comunidades educativas, gremios docentes y otros actores relevantes en el diseño e implementación de dicho sistema de financiamiento, con el fin de asegurar que el nuevo modelo sea efectivo y equitativo.
Al respecto, el documento sostiene que el actual sistema de financiamiento educativo, basado en subvenciones por asistencia promedio, no asegura condiciones dignas y sostenibles para todas las escuelas públicas. Esto genera desigualdades en términos de infraestructura, contratación de personal interdisciplinario y acceso a materiales educativos adecuados.
También en materia educativa, se aprobó la resolución 1470 que pide al Mandatario implementar mecanismos de priorización que otorguen preferencia en el acceso a jardines infantiles y salas cuna, a niños y niñas ciudadanos chilenos o hijos de padres con residencia legal en el país.
La petición firmada por la diputada Chiara Barchiesi, afirma que el incremento sostenido de población en situación migratoria irregular, genera presión adicional sobre los servicios públicos, particularmente en áreas sensibles como educación, salud y vivienda.
La resolución recuerda que Chile es signatario de tratados internacionales que protegen los derechos de los niños. Sin embargo, estos compromisos deben ser compatible con el respeto a la soberanía nacional y políticas públicas que equilibren derechos individuales con el bien común.
Exámenes preventivos y apoyos en Salud
En materia de salud, por unanimidad, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó solicitar al gobierno ejecutar programas destinados a abordar la prevención y pesquisa precoz del cáncer de próstata y
Lo primero, a través de incorporar el examen de antígeno prostático específico en la batería de exámenes y en el financiamiento de la Atención Primaria como parte del aporte estatal a la Atención Primaria de Salud municipal.
La resolución 1457, de la diputada Karol Cariola, resalta que el examen del antígeno prostático específico es una herramienta efectiva para la detección temprana de este tipo de cáncer y que su inclusión como examen obligatorio en la atención primaria se traduce en ahorros a largo plazo, al evitar tratamientos costosos y complejos en etapas avanzadas de la enfermedad.
En tanto, la resolución 1472 insta a la entrega a través del sistema público de salud, en forma gratuita, de suplementos de vitamina D para la población residente de las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena.
El texto impulsado por diputados de Evopoli e independientes argumenta que dichas regiones de la Patagonia poseen diferencias sustanciales con el resto del país en la exposición a las horas de sol, que son menores en los meses de invierno.
Esta ausencia de luz solar directa afecta al cuerpo humano y la deficiencia de dicha vitamina se asocia con enfermedades como la osteoporosis, algunos tipos de cánceres y diabetes tipo 1,entre otras.
Beneficio personal de salud
Adicionalmente, la Cámara aprobó pedir al Presidente que remita un proyecto de ley que faculte equiparar las condiciones salariales de los profesionales médicos de los hospitales de las Fuerzas Armadas con aquellos que laboran en hospitales civiles públicos.
La solicitud 1458 también plan tea que esta equiparación considere todos los componentes de las remuneraciones, incluyendo sueldo base, asignaciones por antigüedad, experiencia, especialización, responsabilidad y otros beneficios.
Además, que dicho proyecto incluya mecanismos de revisión y ajuste periódico de las remuneraciones para garantizar que se mantenga la equidad a lo largo del tiempo.
Asimismo, la resolución 1461 solicita una nueva estrategia para formación de especialistas médicos para zonas extremas, que permita dar una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la población.
La propuesta presentada por el diputado Enrique Lee, debiese comprender al menos líneas como prioridad de becas a médicos con arraigo regional, nuevas formas de financiamiento como, por ejemplo, aportes del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR). Asimismo, mejorar calidad de la formación de especialistas y la obligación de permanecer en la región un mínimo de cinco años en el servicio de salud a cargo de su formación.
Gabriela Mistral
La Sala de la Cámara también entregó su respaldo a la Resolución 1459 que solicita al Ejecutivo declarar feriado regional el 7 de abril de cada año, en la región de Coquimbo, como homenaje al natalicio de la poetisa Gabriela Mistral.
Entre sus argumentos, la resolución subraya que este homenaje sería un reconocimiento a su legado literario, educativo, cultural y diplomático, además de una forma de mantener viva su memoria en la región que la vio nacer.
El documento, presentado por el diputado Víctor Alejandro Pino, resalta que Gabriela Mistral fue una poetisa de renombre internacional, reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 1945. Y, agrega que este año se cumplen 80 años desde la entrega de dicho premio. Además, subraya que Mistral es un símbolo de empoderamiento femenino que inspira a generaciones de mujeres a seguir sus pasos y a luchar por la igualdad de género, la educación y la cultura.
Beneficios
En cuanto a la resolución 1460, esta pide revisar y ampliar el Registro de Actividades Conexas (RAC) para incluir a mujeres pescadoras que realizan actividades excluidas, como malabaristas y algueras.
Asimismo, se indica que existe preocupación por considerar estas actividades dentro de las beneficiarias del bono compensatorio que se otorga a los pescadores durante la veda, especialmente en la temporada de prohibición de pesca de merluza.
Esto ya que, aunque todas las labores en la cadena extractiva del recurso marino deberían ser consideradas para recibir este apoyo estatal, las actividades de malabaristas y algueras no son incluidas en el gasto gubernamental destinado a este fin.
Gobiernos regionales
Por su parte, la Resolución 1468 apunta a la falta de personal de planta de los gobiernos regionales (Gores).
El documento presentado por un grupo transversal de diputadas y diputados, encabezados por Carolina Tello, pide al Primer Mandatario que impulse las reformas necesarias para fortalecer el proceso de encasillamiento, fijación y modificación de las plantas.
El texto indica que a más de 30 años de la creación de los Gores no han existido modificaciones significativas en las plantas de personal, que se traduce en una dotación muy reducida para el creciente número de funciones que se les asignan año a año.
El documento informa que las y los trabajadores, a través de Fenafgore, y la Asociación de Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales, firmaron un protocolo de acuerdo que enfatiza la necesidad de una ley que aborde las carencias actuales.
Protección dirigentes sociales
Para ayudar en la protección de dirigentas y dirigentes sociales, la Sala también dio su apoyo en el tiempo de resoluciones a la solicitud 1471 que pide al gobierno entregar urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que regula esta protección.
El proyecto fue presentado por el propio Ejecutivo en octubre de 2023 para establecer en el Código Penal sanciones específicas ante amenazas a dirigentes sociales, pero no ha tenido avances en su tramitación. En paralelo, señalan los autores de la petición, como el diputado Ricardo Cifuentes, se han seguido registrando casos de violencia hacia dirigentes, lo cual no solo dificulta los propósitos de las organizaciones sociales, sino también afecta gravemente la salud mental de los dirigentes.
En ese contexto, el citado proyecto de ley se vuelve fundamental para asegurar el desarrollo íntegro de las organizaciones sociales, entregando mayor seguridad a quienes cumplen un rol fundamental al generar un vínculo entre el Estado y las comunidades.
