La comisión que investiga los actos del Gobierno en la reconstrucción de viviendas y ayudas a los damnificados por los incendios de febrero de 2024 en la región de Valparaíso (CEI 70), recibió a dirigencias vecinales de sectores afectados. Las y los representantes plantearon críticas al proceso, sobre todo la lentitud en la entrega de subsidios, falta de planificación urbana y ausencia de soluciones concretas en infraestructura y servicios básicos.
Marcos Díaz, presidente de la Junta de Vecinos Villa Dulce Crav, explicó que su organización se conformó pocos meses antes del incendio. Por esta razón, tuvieron algunas dificultades para la postulación a beneficios. Sin embargo, destacó que tras la catástrofe lograron organizarse y que, actualmente, han podido gestionar iniciativas en beneficio de la comunidad.
En cuanto a las vecinas y vecinos afectados, expresó que las familias no solo perdieron sus viviendas, sino también “su historia y su dignidad”. Frente a esto, criticó la falta de ejecución por parte del gobierno en la reconstrucción y entrega de ayudas a los damnificados. Por el contrario, valoró la gestión del municipio de Viña del Mar en los ámbitos de su competencia.
Por su parte, Felipe Glaser, presidente de la Junta de Vecinos 1ra Etapa de El Olivar, detalló a la comisión que solo se han entregado 200 de los mil subsidios por pequeño condominio. Denunció, al respecto, que los entes patrocinantes no han cumplido su labor, generando falsas expectativas y afectando, incluso, la salud mental de las familias. Aunque reconoció el acompañamiento de autoridades, pidió avanzar hacia una reconstrucción universal que incluya a quienes han quedado fuera del proceso por criterios administrativos.
Reconstrucción, evacuación y continuidad de obras
Alejandro Moreno, presidente de la Junta de Vecinos N°87 de Villa Independencia también intervino ante la instancia. En su exposición, el dirigente comentó que su comunidad obtuvo el subsidio en septiembre de 2024, pero que la empresa constructora quebró y los trabajos quedaron detenidos. Eso implicó que hasta el día de hoy existen familias que viven en carpas, sin soluciones definitivas.
En tanto, Julio Bruna, presidente de la Junta de Vecinos Puesta de Sol, también de Villa Independencia, ,se refirió a la falta de inversión en calles de evacuación y cuestionó la desigualdad social en la distribución de recursos comparado con otras zonas de la región. Esto porque, aseguró, se han invertido más recursos y con mayor rapidez en la contención del socavón de Reñaca que en apoyar a los vecinos de su sector.
Desde la población Rogers, en Achupallas, el dirigente Nindrod Sandoval reconoció que la calidad de las viviendas es positiva, pero que el proceso es demasiado lento. Expuso que aún persisten problemas como el cobro de electricidad sin regularización y lamentó que dejara de entregarse el bono de acogida.
Finalmente, Sandra Villarroel, presidenta del Comité Valle del Sol, denunció abandono en su sector. Informó que el 29 de junio se demolerán cuatro torres afectadas por el incendio. Señaló, asimismo, que durante este tiempo muchas familias han debido “colgarse” de la luz y el agua para subsistir. Recordó que durante la emergencia solo funcionó uno de los dos grifos disponibles en el sector y que las vías de evacuación fueron insuficientes. Por ello, pidió revisar los criterios para futuros proyectos habitacionales.
Deber de respuesta
Durante la sesión, las y los diputados enfatizaron que las autoridades tienen el deber de responder a las necesidades de las comunidades afectadas. Por lo mismo, se les señaló a las dirigencias que no deben sentir que están pidiendo favores, sino exigir su derecho a una solución digna tras la catástrofe.
Tras escuchar todos los testimonios, la comisión acordó solicitar oficios a distintas instituciones. Por ejemplo, al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la región, para esclarecer situaciones relacionadas con cobros irregulares y conocer el estado real del proceso de reconstrucción.
Además, la instancia tiene planificado continuar recibiendo a representantes de las comunidades afectadas, con el fin de recabar antecedentes concretos sobre los tiempos y demoras en materia de reconstrucción.
