La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el informe de la Comisión investigadora sobre el acuerdo para la explotación del litio entre Codelco y SQM. Al respecto, solicita dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM.
El documento tuvo 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.
Entre sus principales conclusiones, el informe de la instancia fiscalizadora considera que este acuerdo “representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales” del país.
Esto, debido a la decisión gubernamental de desechar la realización de una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional y optar por un trato directo con SQM.
Al respecto, se señala que considerando operaciones de mercado similares, el Estado debió recibir al menos unos US$6.700 millones de dólares en forma inmediata. En cambio, en este trato directo se acordaron utilidades sujetas a las ventas y al precio internacional del litio.
El informe también indica que existen cuestionamientos fundados respecto a la conveniencia y legalidad del procedimiento utilizado, así como la falta de criterios técnicos y económicos transparentes que respalden la elección de la vía directa.
Asimismo, se consideró que el argumento del posible “valle productivo” -periodo sin producción entre el fin del contrato con SQM y la llegada de un nuevo operador- esgrimido para justificar el trato directo, sería “una mentira y una mala fe pública de Corfo, SQM y Codelco” que la comisión investigadora “expresamente condena”.
Recomendaciones
En cuanto a recomendaciones y propuestas, el informe aprobado por la Sala solicita dejar sin efecto el acuerdo suscrito para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga.
Añade que el proceso se realizó sin entregar información clara, oportuna y suficiente al Congreso y a la ciudadanía, con omisión de detalles esenciales, ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes.
Además, plantea ampliar y revisar la consulta indígena, considerada parcial y meramente formal, sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas.
Igualmente, el informe propone efectuar una licitación internacional, pública, abierta y transparente, que se adjudique a quien presente la mejor oferta social, ambiental y económica para el Estado de Chile.
Se recuerda que el presente acuerdo aún no está cerrado y existe espacio de corrección para repensar la forma en que se va a explotar las pertenencias del fisco ubicadas en la mayor reserva mundial de litio en beneficio del interés público.
Por último, se debe establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas, oculten información o incumplan los estándares de transparencia y rendición de cuentas. La ausencia de sanciones ha perpetuado la impunidad y la repetición de errores en la gestión de recursos estratégicos.
Antecedentes
En el año 2023, el presidente Gabriel Boric lanzó la Política Nacional del Litio, iniciativa que fue ampliamente celebrada por la mayoría de los chilenos.
Esta política establece una estrategia nacional para el litio, con el objetivo de capacitar a los trabajadores y promover la incorporación de nuevas tecnologías en el país. De este modo, Chile no solo exportaría materias primas, sino que también podría generar valor agregado en los bienes que comercializa.
A fines del año 2023, se conoció la firma del memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM. Esta situación sorprendió a muchos, ya que Corfo otorgó a Codelco un mandato para negociar con esta empresa privada sin informar previamente a las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras del Congreso, las cuales tienen el deber constitucional de fiscalizar al Ejecutivo para asegurar que la administración pública respete la ley y defienda los intereses de la nación.
Debate
Participaron en el debate en la primera jornada de discusión Catalina Del Real, Johannes Kaiser, Ana María Gazmuri, Miguel Ángel Calisto, Francisco Undurraga y Alberto Undurraga. En la segunda sesión, expusieron Matías Ramírez, Andrés Celis, René Alinco y el presidente de la Comisión investigadora, Cristián Tapia.
Todas y todos los legisladores manifestaron su apoyo al informe y a la necesidad de revisar o dejar sin efecto el citado acuerdo con SQM.
Se recalcó que este ha carecido de legitimidad al no fundarse en una licitación sino un trato directo que está marcado por la falta de información y opacidad. Además, con una afectación de las arcas fiscales. En ese sentido se criticó que se privilegie el negocio con SQM, empresa que ha estado altamente cuestionada por su participación en el caso de financiamiento irregular de la política.
Del mismo modo, las y los diputados enfatizaron que el litio es uno de los minerales estratégicos en el futuro del país y que su explotación requiere políticas claras. Asimismo, algunos legisladores insistieron que Chile debe avanzar a la creación de una empresa nacional del litio, donde el Estado controle directamente este recurso y canalice sus ganancias hacia el progreso del país.
