La titular de la Contraloría general de la República, Dorothy Pérez, expuso en detalle los informes que han realizado en torno al uso de licencias médicas, ante la Comisión Investigadora que analiza los actos del gobierno en la fiscalización del correcto otorgamiento y uso de estas en el sector público (CEI 73).
Dorothy Pérez expuso los diversos CIC, Consolidados de Información Circularizada, que la entidad ha desarrollado en torno a licencias Médicas.
Estos corresponden al informe N°9, que advirtió salidas al extranjero de funcionarios con licencia; N°10, sobre médicos con licencia en su trabajo en hospital público, pero que atendieron partos en clínicas privadas u otros establecimientos; N°12, montos registrados por licencias médicas en el sector municipal y N°13, licencias (emitidas 2020-2022) que son investigadas por la Fiscalía Nacional.
Este último informe se realiza a partir de los antecedentes remitidos por el Ministerio Público de más de 10 mil licencias extendidas por 44 médicos extranjeros investigados penalmente por entrega y/o venta fraudulenta de estos certificados. El CIC de Contraloría identificó a 3.532 personas de dicho listado como servidores públicos.
El mayor número de licencias se concentraron en funcionarios municipales (39,38%); seguidos por trabajadores de la Junji e Integra (29,08%). Se constata que el 70% de los funcionarios involucrados solo tuvo una licencia, mientras que 23 funcionarios (0,36%) tuvo más de ocho. Ver presentación completa
Próximas fiscalizaciones
Pérez aseguró que harán esta fiscalización masiva todos los años, donde el objetivo principal “no es detectar personas que hayan incurrido en esta irregularidad”, sino que esta acción sea disuasiva para que, finalmente, se resguarde y ahorren los fondos públicos involucrados en el mal uso de las licencias.
Así, la contralora reiteró que se levantará un CIC sobre salidas al extranjero de funcionarios adscritos a Capredena y Dipreca; así como fiscalizar a funcionarios que durante su licencia médica trabajen con otro empleador o en emprendimientos o profesiones particulares.
Otro trabajo en marcha, agregó, es el análisis de las bases de datos y mecanismos para poder pesquisar también los viajes nacionales efectuados en periodos de licencias médicas u otras situaciones. Por ejemplo, asistencia a casinos de juegos, ingresos a parques nacionales infracciones de tránsito en regiones distintas a las del reposo.
Consultas
Tras la exposición de la titular de la Contraloría, los integrantes de la instancia fiscalizadora plantearon algunas consultas referidas a si hay opciones de realizar algún tipo de control preventivo. Asimismo, sobre los sumarios instruidos por la Contraloría, en cuanto a plazos.
También se consultó si tras estos informes es factible que la Contraloría realice directamente los sumarios. Además, cómo se protege a los funcionarios que efectivamente necesitaron hacer uso de licencias.
Otras consultas versaron sobre si ha existido coordinación con el gobierno y si faltó voluntad para ejercer facultades existentes.
Dorothy Pérez dijo, sobre los procesos disciplinarios, que es algo que debe revisarse. Añadió que si un funcionario renunció antes de iniciar el sumario, efectivamente hoy la responsabilidad se extingue. Además, recordó que la CGR no tiene facultad sancionadora y que se ha instruido a los servicios que los sumarios se deben ajustar al debido proceso.
La contralora afirmó que ha existido coordinación con la Dirección de Presupuestos y con la Secretaría general de la Presidencia. En ese punto indicó que, en su caso, está de acuerdo con la idea de establecer un servicio de auditoría interna del gobierno, que sea coordinado y tutelado por la Contraloría, para ampliar las vías de control.
Finalmente, también postuló que deberían otorgarse más facultades de acceso a información y bases de datos en línea a Fonasa, la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social.
