En concordancia con los compromisos anunciados por el Presidente de la República en su cuenta pública, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, presentó ante la Comisión de Trabajo el proyecto que crea un Sistema de subsidio unificado al empleo (boletín 17641), calificado con suma urgencia.
En su presentación expuso que se han identificado distintos grupos con dificultad de insertarse plenamente en el mercado laboral: mujeres, jóvenes (18-24 años), personas mayores (55-64 años) y personas con discapacidad.
Es por esto que en el presente proyecto, agregó, se establece como prioridad rediseñar los actuales instrumentos de apoyo al empleo, para orientarlos hacia la promoción del trabajo formal de estos grupos.
Al respecto, el personero destacó que, si bien durante el presente gobierno las personas con empleo han aumentado en cerca de 550 mil, las Tasas de Ocupación y Participación han aumentado. Agregó, asimismo, que la informalidad laboral ha llegado a mínimos históricos, pero sigue siendo un problema que hoy afecta a uno de cada cuatro ocupados.
En cuanto a los subsidios actuales, el gobierno fundamentó que existe un alto nivel de fragmentación que impide evaluar el sistema de forma universal. Esto genera como efectos, por ejemplo, la duplicidad en la entrega de beneficios o la inequidad en la cobertura.
Alcances del subsidio al empleo
El sistema de subsidio unificado de empleo será administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para trabajadoras, trabajadores y empresas del sector privado.
Estará orientado a grupos prioritarios, para propiciar su reingreso, permanencia o incorporación por primera vez al trabajo a través del otorgamiento de un subsidio a:
a) Personas jóvenes de entre 18 y 24 años.
b) Mujeres de entre 25 años y 54 años.
c) Personas mayores en transición a la vejez, de entre 55 y 64 años
d) Personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, de hasta 64 años.
El beneficio corresponde a un aporte de hasta el 20% de la remuneración bruta mensual, pero no inferior al 10%, para empresas y personas trabajadoras, debiendo conjuntamente alcanzar una suma del 30% para el respectivo grupo prioritario. Con ello, el monto total del subsidio podría alcanzar a unos $185.150. En este caso, el monto se dividiría en 132 mil para el empleador y 53 mil para el trabajador.
La solicitud podrá realizarla directamente el trabajador o la empresa. En términos de requisitos generales, se debe acreditar que la persona trabajadora mantiene una renta bruta del trabajo mensual menor o igual a 2.25 Ingresos Mínimos Mensuales (IMM); acreditar al menos seis meses de desempleo continuos u ocho discontinuos en los 18 meses previos y estar entre el 40% y 60% del nivel de vulnerabilidad socioeconómica -excepto personas con discapacidad-.
(Revisar más información en presentación)
Consultas
Finalmente, el ministro planteó que esta propuesta responde a un trabajo global, que también recoge demandas que han planteado las y los legisladores en materia de empleo de jóvenes, mujeres y las tasas de desempleo regional. Además, informó que fue presentado en el Consejo superior laboral, tanto a la CPC, CUT y asociaciones de Pymes “que fue valorado de buena manera”.
Las primeras consultas que plantearon las y los diputados se orientaron a aclarar algunas consideraciones como los requisitos de vulnerabilidad, montos concretos del subsidio y el costo final de la propuesta, entre otros.
En ese orden, el titular del trabajo aclaró que el proyecto tiene una característica de flexibilidad para poder ir abarcando distintas realidades del mercado laboral. Así, se plantea que el subsidio vaya a trabajadores que como mínimo pertenezcan al 40% de los hogares vulnerables y como máximo hasta el 60.
Se fija un tope de 200 postulaciones por empresas y el objetivo final es hacer más eficiente el gasto público, en atención a que la forma en que hoy funcionan los subsidios laborales no logran cumplir con el efecto deseado de creación de empleos permanentes.
Debido a la suma urgencia, el presidente de la instancia, Diego Ibáñez, explicó que como comisión técnica tienen ocho días para despachar el proyecto, ya que además, tiene que cumplir trámite en la Comisión de Hacienda. No obstante, el ministro respondió que es importante dar la señal de urgencia para avanzar en la materia. Por eso, existe la disposición de renovar las urgencias y concordar un plazo adecuado para su despacho.
