
Dirigentes de las zonas afectadas por los incendios intencionales de Viña Del Mar, Quilpué y Villa Alemana ocurridos en febrero de 2024, participaron en la comisión que investiga los actos del Gobierno en la reconstrucción de viviendas y ayudas a los damnificados (CEI 70).
En una nueva ronda de audiencias con organizaciones de vecinos afectados, coincidieron que, a un año y medio de la catástrofe, se sienten abandonados por el gobierno central, regional y local. Particularmente, en materia de reconstrucción, entregas de subsidios, acceso a servicios básicos y atención en salud mental (Ver nota relacionada).
Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes del Mega Incendio de Villa Independencia, explicó que se han organizado y representan a 1.100 vecinos del sector. A su juicio, “la burocracia le ganó a la reconstrucción, las platas de la ley 21.681, Fondo de Emergencia Transitorio por incendios, están, queremos justicia y reparación”, enfatizó.
Por su parte, el vicepresidente de la organización, Jaime Mella, dijo que la promesa del Presidente de la República de “no dejarlos solos” sigue sin cumplirse, porque carecen de apoyo constante y no se avanza en la reconstrucción.
“El gobierno sigue al debe en solución habitacional. Son viviendas de emergencia ineficientes e inadecuadas. A su vez, los bonos económicos se han limitado de forma arbitraria”, recalcó. Agregó que las viviendas de emergencias no cuentan con agua potable, electricidad ni alcantarillado, lo que significa una grave vulneración a la dignidad de las familias afectadas.
En materia de autoconstrucción, Mella acusó lentitud en las ayudas del Ministerio de Vivienda. “Los vecinos no cuentan con supervisión técnica ni respaldo. También, la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar pone muchas trabas para poder habitarlas”, denunció.
Dirigentes de campamentos
Paola Pizarro, presidenta del Comité de Vivienda Luz Esperanza de Viña del Mar, manifestó que en sus casos están en cero. “Los campamentos estamos más abandonados. Esperaron que nos quemaran y ahora piden regularizar”. Al respecto, aseguró que no saldrán de los terrenos que habitan, por necesidad, desde hace muchos años.
La dirigente, además, denunció que ya van 24 suicidios de personas afectadas, por lo que se requiere atención en salud mental en forma urgente. Por estas razones, llamó a las y los diputados a ver en terreno las falencias en materia de reconstrucción.
Por su parte, Jane León, del campamento Monte Sinaí de Miraflores Alto en Viña del Mar, explicó que representa a 460 familias que viven en el lugar hace 24 años.
En este caso, precisó que corresponden a terrenos del Serviu, por lo que piden que tras dos décadas de uso se les permita regularizarlos, pero no abandonar el lugar.
Acuerdos de la instancia
Concluidas las exposiciones, los integrantes de la comisión investigadora aprobaron remitir una serie de oficios a distintos organismos para buscar ayudas concretas para los afectados.
Entre ellos, se pedirá que el ofrecimiento de cerca de 2 mil casas por parte de la Cámara Chilena de la Construcción se pueda volver a activar; un protocolo de atención prioritaria para los damnificados por parte de las Direcciones de Obras Municipales y, al Ministerio de Salud, que informe por qué no ha continuado la atención en salud mental para los afectados.