Esta semana inició el estudio del nuevo subsidio al empleo en la Comisión de Trabajo. El proyecto, que crea un Sistema Unificado, se tramita con suma urgencia.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, expuso los principales puntos de esta iniciativa de fomento al empleo.
Explicó que el sistema de subsidio unificado de empleo será administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para trabajadoras, trabajadores y empresas del sector privado.
Estará orientado a grupos prioritarios, para propiciar su reingreso, permanencia o incorporación al trabajo, por primera vez, a través del otorgamiento de un subsidio a:
a) Personas jóvenes de entre 18 y 24 años.
b) Mujeres de entre 25 años y 54 años.
c) Personas mayores en transición a la vejez, de entre 55 y 64 años.
d) Personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, de hasta 64 años.
Subsidio al empleo
El beneficio corresponde a un aporte de hasta el 20% de la remuneración bruta mensual, pero no inferior al 10%, para empresas y personas trabajadoras, debiendo conjuntamente alcanzar una suma del 30% para el respectivo grupo prioritario. Con ello, el monto total del subsidio podría alcanzar a unos $185.150. En este caso, el monto se dividiría en 132 mil para el empleador y 53 mil para el trabajador.
La solicitud podrá realizarla directamente el trabajador o la empresa. En términos de requisitos generales, se debe acreditar que la persona trabajadora mantiene una renta bruta del trabajo mensual menor o igual a 2.25 Ingresos Mínimos Mensuales (IMM); acreditar al menos seis meses de desempleo continuos u ocho discontinuos, en los 18 meses previos, y estar entre el 40% y 60% del nivel de vulnerabilidad socioeconómica -excepto personas con discapacidad-.
Modernización a Ley del Lobby
En otro tema, la Comisión de Gobierno Interior despachó el proyecto que moderniza la Ley del Lobby. La iniciativa amplía el concepto de lobby, establece nuevos sujetos pasivos e impone nuevas obligaciones a ciertos sujetos activos calificados.
El texto actualiza la actual norma a 11 años de su publicación y recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Además, los cambios a la Ley 20.730 modifica las sanciones y fija un portal único de lobby para que se pueda fiscalizar de mejor manera. Asimismo, establece reglas de transparencia para comisiones asesoras, agendas abiertas de autoridades y transparencia en medios de comunicación.
La norma comenzó su tramitación en mayo de 2024 y, en septiembre del año pasado, fue refundida con dos mociones. Ahora será vista por la Comisión de Hacienda, antes de ser votada por la Sala de la Cámara.
Otras informaciones
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