La Comisión de Gobierno Interior recibió a la contralora general de la República, Dorothy Pérez. El objetivo de su participación fue presentar sus observaciones a cinco proyectos de ley que pretenden mejorar el funcionamiento del ente fiscalizador.
La primera iniciativa busca reforzar el deber funcionario de denunciar crímenes o simples delitos. Así como también conductas contrarias al principio de probidad administrativa (boletín 16124). La segunda moción analizada modifica la exención del trámite de toma de razón y el control aleatorio de actos sujetos a registro (boletín 16125). El tercer texto modifica la persecución de la responsabilidad administrativa de funcionarios que cesen en sus funciones (boletín 16127), el siguiente pretende establecer normas de transparencia y rendición de cuentas aplicables a los consejeros regionales (boletín 17356). Por último, está el proyecto que busca ampliar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General (boletín 17621). Esto en la línea de acceder a información financiera y bancaria de los organismos del cual posee control, junto con ampliar la facultad sancionadora del Contralor General, entre otras medidas.
Tras una revisión detallada de los proyectos, la contralora fue enfática en plantear la necesidad de aumentar los recursos destinados a la entidad fiscalizadora. Pérez señaló que, en varias ocasiones, para implementar nuevas tareas establecidas por ley, pero sin financiamiento, han debido redestinar recursos de otras áreas.
Tal sería el caso del canal de denuncias que debió implementar la Contraloría por la ley que estableció un estatuto de protección del denunciante que reporte infracciones en el sector público (Ley 21.592). La contralora explicó que estas situaciones “achican” el funcionamiento del órgano fiscalizador.
Observaciones a los proyectos
Durante la sesión, la contralora respondió consultas de las y los parlamentarios sobre sus observaciones a las iniciativas.
Así, consultada sobre la priorización de los proyectos, Pérez señaló que el más importante sería el que busca ampliar las facultades fiscalizadoras. Asimismo, el que modifica la persecución de la responsabilidad administrativa de los funcionarios que cesen en sus funciones.
En esa línea, afirmó que sería mejor ampliar el plazo del citado proceso. Para ello, propuso que la norma establezca que se podrá perseguir las responsabilidades aun cuando el funcionario hubiere cesado en sus funciones. Esto, agregó, siempre que la investigación sumaria o el sumario administrativo se hubiere iniciado dentro de los 6 meses siguientes al cese en el cargo. De este modo, doblaría el plazo que propone la moción respectiva.
Por último, sobre el plazo que se debe establecer para las denuncias de funcionarios, señaló que, aunque no se puede establecer un plazo único para todos los casos, sí se pueden detallar parámetros a cumplir. Esto evitaría una demora en la presentación de las denuncias.
