
Por 83 votos a favor, 14 en contra y 27 abstenciones, la Sala de la Cámara respaldó el informe de comisión mixta en torno al proyecto (boletín 16316) que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG), texto que aún debe ser visado por el Senado, previo a su despacho del Congreso Nacional.
La principal controversia surgió en torno a si competía o no incluir a las FFAA y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la aplicación de esta ley. Mientras que la Cámara las había excluido, el Senado restituyó el criterio original del Ejecutivo y las reintegró. Ahora, el acuerdo de la comisión mixta pasa por afirmar dicha posición. De tal modo, se entienden como parte de las entidades que estarán sujetas a las disposiciones de esta ley.
Por efecto de lo anterior, solo quedarán excluidas del sistema la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Consejo para la Transparencia, los gobiernos regionales, las municipalidades, las empresas públicas creadas por ley y las instituciones de educación superior de carácter estatal.
Sin perjuicio de lo anterior, aclara el texto, las instituciones exceptuadas podrán solicitar la asesoría del SAIG. Esto se materializará a través de la suscripción de uno o más convenios.
Otra enmienda apunta a entregar al Ministerio del Interior y no al Ministerio Secretaría General de la Presidencia la tutela del sistema. Así, será esta cartera la encargada de emitir los decretos supremos donde se expondrá la Política de Auditoría General de Gobierno.
Cabe recordar que dicha política será un instrumento que contendrá los lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos que deben seguir los órganos de la administración del Estado, durante un período de cinco años
Objetivos del SAIG y otras materias de la mixta
El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno tendrá la cualidad de ser independiente, técnica y calificada. Se enfocará en la supervisión del buen uso de los recursos públicos.
Proporcionará evaluaciones imparciales y objetivas respecto del empleo de recursos públicos para propiciar una adecuada rendición de cuentas. También contribuirá a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la administración del Estado.
Además, la entidad velará por el cumplimiento de las normas y procedimientos; la protección de los recursos públicos y la probidad. Igualmente, respecto de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad. Para lograr dicho objeto, el SAIG dirigirá y coordinará la Red de Auditoría Interna. Ello se realizará en conjunto con la Contraloría General de la República.
Junto a lo anterior, el proyecto considera la orgánica del nuevo servicio. En este marco, la comisión mixta incluyó la creación del cargo de “auditor de Gobierno” en la planta de la entidad.
Otras inclusiones pasaron por definir la entrada en vigencia del SAIG y de las normas de esta ley. El plazo límite será de un año desde publicada la norma. Previo a ello se deberá constatar la fijación de la planta del personal del servicio y el traspaso de funcionarios/as desde la Segpres. También la fecha de entrada en vigencia de las plantas.
Otras disposiciones en este marco aseguran la continuidad de los derechos y remuneraciones de las y los funcionarios traspasados. Asimismo, entre otros aspectos, se verifican las materias presupuestarias y reglamentarias.
Discusión del nuevo Servicio de Auditoría

Participaron en el debate Andrés Celis, Agustín Romero, Joanna Pérez, José Carlos Meza, Jaime Mulet, Leonardo Soto y Roberto Arroyo.
En general, se valoró que se avance en mayor control de los organismos públicos, propiciando un correcto uso de los recursos públicos.
Sin embargo, desde la oposición hubo quienes estimaron que sería más oportuno fortalecer a la Contraloría, en vez de crear nuevas instituciones. Desde el oficialismo, en tanto, se recordó que el organismo funciona hoy como un consejo y que este proyecto solo le dará reconocimiento legal, siendo integrado por funcionarios que serán traspasados desde la Segpres.
Por su parte, la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, remarcó que no habrá duplicidad de funciones con la Contraloría. “Lo que hace es un control preventivo y ex antes, por lo que es absolutamente complementario con el control ex post que hace la Contraloría”, acotó.