
El director de Fonasa, Camilo Cid, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera explicaron el proceso de licitación de la cobertura financiera complementaria.
Dentro de los múltiples alcances de la llamada Ley corta de Isapres se estableció la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). El objetivo de la medida es que las personas afiliadas al Fonasa que se encuentren en los grupos B, C y D puedan acceder a prestaciones ambulatorias y hospitalarias en una red de prestadores, previo pago de una prima adicional a la cotización legal para salud.
Una parte de la implementación de la MCC consiste en la licitación de esta cobertura complementaria. Sin embargo, el primer llamado culminó en junio y fue declarado desierto. Este escenario preocupó a la Comisión de Salud, por lo que solicitaron a la ministra Ximena Aguilera y al director del Fonasa, Camilo Cid, una explicación de los motivos y efectos de este resultado.
Frente a esto, la ministra de Salud señaló que la licitación de este seguro complementario es un proceso complejo. Empero, explicó que la ley establece la posibilidad de un segundo llamado, el que se está construyendo considerando esta primera experiencia. Junto a esto, agregó que si se repite un escenario similar, la ley establece la posibilidad de contratar por trato directo el beneficio.
Implementación de la MCC
El director de Fonasa entregó más antecedentes del proceso de implementación de la MCC. En esta línea, aclaró que el plan de trabajo considera, además de la licitación, la definición de los aranceles, las pólizas y la red de prestadores.
En cuanto al proceso de licitación de la cobertura complementaria, explicó que este contempló, primero, un proceso de consulta al mercado, en septiembre de 2024. Luego, en enero, se elaboraron las bases de licitación y, en marzo, se publicaron. Tras esto, existió un periodo de preguntas y respuestas hasta abril, para cerrar las ofertas en junio.
Aquí, destacó, existieron 564 consultas al Fonasa por parte de las empresas. A su juicio, esto demuestra el interés del mercado y, también, es un insumo para mejorar el segundo llamado a licitación.
Por otro lado, el director señaló que el modelo de negocio no está en cuestión. Resaltó que, además del interés de las empresas, existiría una alta disposición de las personas de inscribirse en la MCC. A esto se suma que el riesgo no se encuentra especialmente concentrado. Agregó que estimaciones realizadas por Fonasa reflejan que existen más de 1,6 millones de personas disponibles a inscribirse.
Consultas parlamentarias

Tras las exposiciones, las y los parlamentarios manifestaron preocupación por el resultado de la licitación y los pasos posteriores. Señalaron que el instrumento fue diseñado como una alternativa para entregar mayor flexibilidad a personas afiliadas al Fonasa, especialmente del sector medio.
En ese contexto, se consultó a las autoridades sobre la viabilidad de implementar esta modalidad durante 2025 o si deberá esperar a una nueva administración. También se preguntó por la sostenibilidad de la prima estimada en 30 mil pesos.
Desde Fonasa se indicó que el proceso continúa en desarrollo y que, aunque es complejo, cuenta con una evaluación positiva por parte de las aseguradoras. Estas habrían valorado que Fonasa se encargue de construir la red de prestadores, lo que permitiría ofrecer una cobertura más robusta y generar mayor confianza.
La ministra Aguilera explicó que han sostenido conversaciones con los prestadores para identificar sus principales reparos, los que estarían relacionados con el arancel. En cuanto al valor de la prima, el director de Fonasa señaló que no se puede asegurar un valor, pues eso dependerá de las ofertas que lleguen a la licitación. En todo caso, aseguró que se determinará la que sea más beneficiosa para los usuarios.
Paralelamente, algunas intervenciones plantearon críticas al modelo en su conjunto. Se advirtió que la ley corta podría reforzar un esquema injusto y discriminatorio, por lo que se propuso revisar sus plazos y avanzar hacia una solución liderada directamente por Fonasa. Sobre esto, la ministra defendió su aprobación al señalar que permitió resolver una crisis estructural.