Un proyecto despachado a fase de promulgación y otras tres iniciativas aprobadas son parte del balance de la presente semana de julio de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El lunes 7, la Corporación respaldó los cambios del Senado al proyecto de ley (boletín 16850) que permite la implementación de la nueva Fiscalía Supraterritorial (FS) del Ministerio Público. Por efecto de ello, la propuesta concluyó su trámite en el Congreso Nacional.
Uno de los cambios relevantes respecto del texto despachado previamente por la Cámara fue la eliminación del concepto de “macrozonas” en que se suponía se iba a organizar el trabajo del organismo.
La nueva fiscalía se abocará a investigaciones destinadas a combatir el crimen organizado y a delitos de alta complejidad que superen el marco territorial de una sola región. Así, tendrá a su cargo las investigaciones penales de hechos que se hayan iniciado directamente por ella o por alguna fiscalía regional. Con todo, las contiendas de competencia las resolverá el fiscal nacional.
Contará con fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo, así como los medios materiales necesarios para sus operaciones. Tanto el fiscal jefe como los fiscales adjuntos de la unidad podrán desempeñar sus funciones en todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia.
En apoyo a la nueva Fiscalía, se crea el “Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad”. Su finalidad es el fortalecimiento de la persecución penal. Esto se desarrollará mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles.
SAIG
El martes, la Sala apoyó el informe de comisión mixta en torno al proyecto (boletín 16316) que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG). La iniciativa pasó a un último trámite, al Senado, donde también se aprobó, concluyendo su trámite en el Congreso Nacional.
El servicio tendrá la cualidad de ser independiente, técnica y calificada. Se enfocará en la supervisión del buen uso de los recursos públicos.
Proporcionará evaluaciones imparciales y objetivas respecto del empleo de recursos públicos para propiciar una adecuada rendición de cuentas. También contribuirá a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la administración del Estado.
La principal controversia revisada por la comisión mixta apuntó a si competía o no incluir a las FFAA y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la aplicación de esta ley. Mientras que la Cámara las había excluido, el Senado restituyó el criterio original del Ejecutivo y las reintegró. Ahora, el acuerdo aprobado pasó por afirmar dicha posición. De tal modo, se entienden como parte de las entidades que estarán sujetas a las disposiciones de esta ley.
Otro punto abordado permitió entregar al Ministerio del Interior y no al Ministerio Secretaría General de la Presidencia la tutela del sistema. Así, será esta cartera la encargada de emitir los decretos supremos donde se expondrá la Política de Auditoría General de Gobierno.
Dicha política será un instrumento que contendrá los lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos que deben seguir los órganos de la administración del Estado, durante un período de cinco años.
Otros proyectos aprobados por la Sala
El martes 8, la Sala aprobó, en forma unánime, en general y en particular, el proyecto que busca prescribir la deuda de los derechos de aseo domiciliario tres años después de exigida. La propuesta pasó a segundo trámite.
La propuesta (boletín 15522) modifica el decreto ley 3.063, de 1979, sobre rentas municipales. La reforma dispone que la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo domiciliario será declarada de oficio y sin más trámite para el deudor, transcurridos tres años, contados desde que la obligación se hizo exigible.
El miércoles 9, en tanto, la Sala respaldó la idea de legislar del proyecto (boletín 15589) que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. La propuesta, en primer trámite, volvió a la Comisión de Constitución por haber sido objeto de indicaciones.
La iniciativa establece que, para adolescentes entre 14 y 16 años, se igualará la pena de 10 años que hoy tienen los menores entre 16 y 18 años. Esto aplicará para los casos de los delitos más graves. Entre ellos están, por ejemplo, robo con secuestro, violación, homicidio simple y homicidio calificado.
Asimismo, se define que todos los procesos penales en que participen menores con adultos se van a regir bajo la jurisdicción especializada adolescente.
Por otra parte, señala que, en los casos de adolescentes que quebranten el internamiento en régimen cerrado dará lugar a una intensificación del plan de intervención. Asimismo, en caso de fuga o evasión, la persona condenada no podrá solicitar la sustitución o remisión de su condena por un periodo de entre seis meses a un año.
Por último, el texto instaura la obligación de los tribunales de escuchar a las víctimas, cuando resuelvan la sustitución o remisión de una condena.
