La comisión que investiga el proceso de reconstrucción en Valparaíso tras el incendio (CEI 70), recibió a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien asistió acompañada de personal municipal a cargo del proceso.
Durante su intervención, la alcaldesa entregó antecedentes sobre la situación de las viviendas de emergencia. Al respecto, señaló que existen 5.646 hogares damnificados con viviendas destruidas o muy afectadas (Ver presentación).
Añadió que, hasta la fecha, se han entregado 1.412 viviendas de emergencia, lo que representa una cobertura total del 25%. Es decir, solo 1 de cada 4 hogares damnificados ha accedido a una solución habitacional transitoria proporcionada por el Estado. Del total de viviendas entregadas, un 68% no cuenta con subsidio habitacional asignado, lo que evidencia una brecha significativa en la respuesta estatal.
La alcaldesa Ripamonti también expuso algunos nudos críticos del proceso. En el plano psicosocial, mencionó que muchas personas damnificadas expresan su rechazo a las viviendas de emergencia, lo que complejiza aún más su implementación.
Trabas para la reconstrucción
Por su parte, el director de Obras de la comuna, Joan Saavedra de Mateo, explicó que el marco legal es insuficiente para responder a la urgencia de la reconstrucción (Revisa presentación).
Por ejemplo, planteó que las exigencias para obtener permisos en predios pequeños, con viviendas unifamiliares —tales como distanciamiento, adosamiento y cumplimiento del DS01— obstaculizan la autoconstrucción. Agregó que, aunque la “Ley del Mono” (Ley 20.898) es más flexible, los subsidios están condicionados a dichos permisos y recepciones.
De esta forma, se incrementa la presión sobre las familias y las Direcciones de Obras Municipales (DOM) porque no existen facultades locales para eximir estos requisitos ni adecuar normativas a la realidad territorial.
Asimismo, el personero precisó que las últimas modificaciones del año 2024 se enfocaron en agilizar permisos en general. Pero, dijo, sin considerar el contexto post-incendio ni discutir ajustes legislativos que faciliten la reconstrucción.
Detalló que las DOM enfrentan una alta demanda —desde grandes proyectos hasta reparaciones menores— sin contar con los recursos humanos ni técnicos necesarios para responder con la rapidez requerida.
En la sesión también participó el director ejecutivo de la Fundación Desafío Levantemos Chile, Ignacio Serrano. Este explicó que el trabajo realizado en la zona. Enfatizó que en materia de cooperación público-privado, parte de su rol es llevar soluciones privadas a problemas públicos. Esto con el fin de que esas soluciones sean replicadas y extendidas para estar mejor preparados en otra emergencia.
Observaciones de la comisión
La alcaldesa Ripamonti indicó que “han pasado más de 15 meses desde la catástrofe y nos parece muy pertinente que este tema siga siendo una preocupación para los parlamentarios de la zona”.
Dijo que es especialmente relevante comprender a cabalidad los procesos normativos y el desarrollo de un proceso de reconstrucción”, que es sumamente complejo. “Creemos que el Congreso puede aportar mucho en esta materia”, puntualizó.
Para el presidente de la comisión, Andrés Celis, hay indicaciones que deben exigirse directamente al ministro de Vivienda y al encargado de la reconstrucción. Pero también del comité y del Fondo Nacional de Reconstrucción, que data del año 2010. Sobre este, dijo que sigue operando y recibiendo recursos pero sin un control claro sobre su gestión.
Señaló que escuchar exposiciones como de la Fundación Desafío Levantemos Chile, son un ejemplo de cómo sí se puede llevar a cabo un proceso de reconstrucción eficiente. Y, por esto, será una de las recomendaciones que se incluirá en las conclusiones.
Asimismo, que la única manera de lograr la recuperación y reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué es que el Presidente de la República envíe, con discusión inmediata, un proyecto debidamente financiado. Solo así, agregó, las personas damnificadas podrán reconstruir sus viviendas y recuperar la dignidad que perdieron aquel fatídico día de febrero de 2024.
En tanto, el diputado Luis Sánchez dijo que “ya es hora de que el municipio, el gobierno y las demás autoridades dejen de traspasarse la responsabilidad entre sí. Las víctimas necesitan respuestas y soluciones concretas, no más excusas como las que hemos escuchado hoy”.
Subrayó que “es urgente que el gobierno asuma su rol y entregue respuestas ahora, no en dos años más, a quienes lo perdieron todo en el incendio. También es fundamental que se realicen los pagos pendientes a los damnificados, sin seguir atándolos a una burocracia que solo retrasa su recuperación”.
