Trabajo continúa análisis de nuevo sistema de subsidio al empleo

El proyecto se funda en el rediseño de los actuales instrumentos de apoyo al empleo, para orientarlos hacia la promoción del trabajo formal de grupos que tienen dificultad para insertarse plenamente en el mercado laboral como son las mujeres, jóvenes, mayores de 55 años y personas con discapacidad.

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Proyecto sobre confianza legítima

Inclusión proactiva en el mercado laboral de grupos prioritarios rezagados y acceso directo y simplificado a los beneficios, son parte de los principios rectores del proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo (boletín 17641), el cual continúa su análisis en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

El objetivo principal del texto es fortalecer una política activa de empleo que, teniendo herramientas de flexibilidad, contemple las trayectorias laborales y las barreras específicas de los grupos prioritarios, garantizando protección social a lo largo de todo el ciclo de vida laboral.

Para el análisis de esta materia, la instancia escuchó a Andrea Repetto, economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica. Al respecto, señaló que la norma propone un sistema más coherente, simple, flexible y con mayor potencial de eficacia.

Sobre el marco de recursos fijos, indicó que el proyecto puso el foco en trabajadores más vulnerables. No obstante, planteó que “cuando se trata de personas que están en dificultades estructurales ofrecer un sólo subsidio puede que no sea suficiente”, remarcó.

Mencionó que el Estado sabe quiénes son las personas que tienen derecho, pero las empresas no lo saben. “Existe un desconocimiento. Creo que es muy importante invitar a participar a estos beneficios”, aseguró.

Repetto, indicó que debe existir una evaluación del alcance de la iniciativa en el futuro. “Hay dos parámetros que son relevantes de mirar. Estos son, el límite de duración de 12 meses por beneficiario, centrado en acompañar la transición al empleo formal; asimismo, el tope de las empresas grandes”, aseguró.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, señaló que “existen una serie de ajustes en política -que no sólo tienen que ver con este proyecto- centrados con los desafíos actuales y futuros del mercado del trabajo”, añadió.

Subrayó que “estas políticas públicas tienen que estar acompañadas por una intermediación, capacitación y certificación de competencias laborales”, remarcó.    

Subsidio Unificado

El sistema de subsidio unificado de empleo plantea, entre varios puntos, la creación de un único subsidio laboral. Este reemplazará a los tres existentes en la actualidad (Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes).

El beneficio se orienta a cuatro grupos prioritarios: jóvenes, mujeres, personas mayores de 55 años y personas con discapacidad. Además, el esquema de pagos será pro empresas de menor tamaño. Esto a partir de establecer un máximo de 200 beneficios por empleador en cada mes, con pagos diferenciados y escalonados que incentiven la contratación formal y la retención.

En el caso de los independientes, también podrán acceder a los beneficios. Para ello, deben pertenecer a grupos prioritarios y tener una renta del trabajo menor o igual a 2,25 ingresos mínimos mensuales. Todo con un requisito de desempleo adaptable a su situación.

El beneficio corresponde a un aporte de hasta el 20% de la remuneración bruta mensual, pero no inferior al 10%, para empresas y personas trabajadoras, debiendo conjuntamente alcanzar una suma del 30% para el respectivo grupo prioritario. Con ello, el monto total del subsidio podría alcanzar a unos $185.150. En este caso, el monto se dividiría en 132 mil para el empleador y 53 mil para el trabajador.

La solicitud podrá realizarla directamente el trabajador o la empresa. En términos de requisitos generales, se debe acreditar que la persona trabajadora mantiene una renta bruta del trabajo mensual menor o igual a 2.25 Ingresos Mínimos Mensuales (IMM); acreditar al menos seis meses de desempleo continuos u ocho discontinuos en los 18 meses previos y estar entre el 40% y 60% del nivel de vulnerabilidad socioeconómica -excepto personas con discapacidad-.