Con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y del director nacional (S) de Gendarmería, Rubén Pérez, la Comisión de Constitución analizó los hechos vinculados a la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, de un sicario venezolano, desde el Centro de Detención Santiago 1.
En la oportunidad, el ministro Gajardo reconoció que el hecho es “grave e impresentable”. Al respecto, sostuvo que éste nunca debió ocurrir, pues daña la confianza ciudadana.
El secretario de Estado explicó cómo opera el sistema de identificación y adjudicación de run provisorio, para los extranjeros que ingresan indocumentados y clandestinamente al país. Además, informó que cotejar la identidad que estos entregan al momento de su detención tarda algunos días porque, luego de elaborar el registro biométrico, se deben chequear los datos con los países respectivos.
Lo anterior, comentó, explica que el sicario identificado preliminarmente como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, tenga como nombre real Alberto Carlos Mejía Hernández.
Si bien el ministro Gajardo no quiso adelantar juicios ni responsabilidades, comunicó que, para este viernes, se citó a la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia, con el objeto de analizar medidas adoptadas y propuestas para evitar que los hechos se repitan. Dicha instancia la integran la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Penal, Gendarmería, Carabineros, Investigaciones y el Registro Civil.
Inquietud transversal por caso sicario
El director nacional (S) de Gendarmería reconoció que podrían existir ciertos ripios en la libertad del sicario. Sin embargo, precisó que le corresponderá establecer la responsabilidad penal al Ministerio Público. En tal sentido, recordó que, además, se encuentran en curso los sumarios administrativos.
Rubén Pérez agregó que este no es un hecho meramente penitenciario o que radique exclusivamente en el Poder Judicial. Afirmó que el proceso de identificación presenta complejidades mayores, cuando Gendarmería no cuenta con los antecedentes penales previos de los detenidos.
Las y los diputados expresaron su preocupación por el tema. De ahí que llamaron a perfeccionar el mecanismo de controles biométricos. Para esto expresaron su disposición para dotar de mayores facultades al Registro Civil y optimizar la coordinación con otros organismos públicos.
Asimismo, instaron al Ejecutivo a adelantar la reunión con la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia, dada la gravedad de los hechos acaecidos.
Señalaron que más allá de los avances legislativos del último año, resulta evidente la existencia de un retraso institucional en materia de implementación y funcionamiento.
