Por la unanimidad de 116 votos, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que aumenta las sanciones para los delitos de robo, hurto y receptación de cables, incluídos los de telecomunicaciones (boletín 14983).
El texto se originó en una moción de senadoras y senadores, a la cual la Cámara introdujo una serie de modificaciones para ampliar la propuesta. El Senado rechazó estos cambios, originando la conformación de una comisión mixta para resolver estas diferencias.
En esta instancia se acordó reponer en general la propuesta del Senado de actualizar el término telefonía por telecomunicaciones, así como el aumento de la penalidad por el robo, hurto o receptación de cables. Pero también incorporó las agravantes y los cambios a la Ordenanza de Aduanas propuestos por la Cámara.
En ese marco, la normativa aprobada a ley de la República dispone los siguientes cambios al Código Penal:
- Añade a las normas que sancionan el robo, hurto y receptación de cables, los de Telecomunicaciones.
- Aumenta la sanción si el robo o hurto provoca una interrupción de un servicio público o domiciliario.
- Suma como agravante simular ser trabajador de alguna empresa proveedora de dichos servicios.
- Además, modifica la Ordenanza de Aduanas, para combatir el contrabando.
Agravantes al robo de cables
En las modificaciones a las sanciones penales, se dispone que si producto del robo se afecta a una cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años).
También se sanciona como agravante de los delitos de robo o hurto de cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios el ejecutar el ilícito simulando ser trabajador de alguna empresa proveedora o hacer uso de información obtenida como trabajador de la misma.
Además, se modifica el artículo 485, que castiga con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo a quienes causen daños mayores (sobre 40 UTM), para incorporar en este supuesto a quienes provoquen la interrupción o interferencia de uno o más servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telecomunicaciones.
Aduanas
A lo anterior se añade el cambio a la Ordenanza de Aduanas, en materia de contrabando, referido a la declaración maliciosamente falsa de mercancías de exportación o que salen del país. De esta manera, añade a quienes hagan uso malicioso de dichas certificaciones o análisis falsos o adulteren los mismos en materia de origen de las mercancías.
Finalmente, el texto aprobado sanciona a los empleados públicos que, en el ejercicio de sus funciones, faciliten la comisión de los delitos de contrabando, con la aplicación de las sanciones equivalentes a la de los autores.
Intervenciones parlamentarias
En la discusión del informe de la comisión mixta intervinieron los diputados Renzo Trisotti, Víctor Alejandro Pino, Daniel Manouchehri, Carolina Tello y Andrés Longton.
Sobre la necesidad de legislar, el diputado Trisotti aseguró que acá hay crimen organizado y redes que operan con un gran mecanismo logístico para el robo y la exportación de cables.
Añadió que el proyecto fue fortalecido con el acuerdo alcanzado con el Senado. Sin embargo, dijo que esto no basta si no hay voluntad de aplicarla. Al respecto, señaló que falta mayor fiscalización de los ministerios de Energía y Medioambiente, así como del Servicio de Aduanas.
En la misma línea, sobre la participación del crimen organizado se manifestó el diputado Manouchehri. Puntualizó que este proyecto no solo sanciona el robo de cables sino que marca un límite. “O enfrentamos estas mafias y cortamos su vínculo con la política o jugamos con fuego”, enfatizó.
Del mismo modo, el diputado Pino señaló que es un paso insuficiente. Afirmó que el robo de cables no solo afecta a los de telecomunicaciones sino también a los de energía eléctrica, lo que dificulta la calidad de vida de miles de familias, sobre todo de sectores más vulnerables.
Por su parte, la diputada Tello ejemplificó que en la región de Coquimbo se vive una verdadera emergencia por el robo de cables, lo que ha ido en aumento y que perjudica directamente a la población.
Finalmente, el diputado Longton destacó el amplio acuerdo que se alcanzó en la comisión mixta, sobre todo cuando este robo afecte a un gran número de personas, con lo que se establece una agravante.
Asimismo, valoró que el proyecto apunte también a cortar la cadena de suministro. Por esto, recalcó que es muy importante fortalecer la facultad de fiscalización de aduanas.
