Tras dos votaciones, la Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto (boletín 15869 y 16821) que regula y promueve el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial (IA) en Chile.
Sus normas se aplicarán a proveedores, implementadores, importadores y distribuidores nacionales y extranjeros que operen o tengan impacto en Chile. Excluye usos como defensa nacional e investigación previa a la comercialización. También, los componentes de código abierto no comercializados como productos de alto riesgo.
Entre sus principios rectores se pueden mencionar la supervisión humana; la seguridad técnica y ciberseguridad; y la privacidad y protección de datos. Igualmente, se consideran la transparencia y trazabilidad; equidad social y de género; y protección del medioambiente y de los derechos de autor.
Los sistemas de IA se clasificarán según su riesgo:
- Inaceptable: Estarán prohibidos. En este marco, por ejemplo, están la manipulación subliminal, la categorización con datos sensibles y el reconocimiento facial indiscriminado.
- Alto: Son los que requieren de un control estricto y gestión de riesgos. Asimismo, contar con documentación técnica, supervisión humana, ciberseguridad y seguimiento posterior.
- Limitado: Exigen medidas básicas de transparencia y notificación al usuario.
- Sin riesgo evidente: Usos generales, sin restricciones adicionales.
Fiscalización de la IA y sanciones
El proyecto establece un protocolo de reporte obligatorio ante fallas o daños causados por sistemas de inteligencia artificial. Además, crea un Consejo Asesor Técnico de IA, con representantes estatales, del mundo académico, de la sociedad civil y de la industria.
La iniciativa asigna a la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley. Igualmente, estará habilitada para sancionar infracciones (leves, graves, gravísimas) con multas de hasta 20.000 UTM. Asimismo, podrá coordinarse con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) en caso de amenazas a servicios esenciales.
La iniciativa también contempla apoyo a la innovación. Para ello se habilitarán espacios controlados de prueba (“sandbox”) para testear sistemas de IA en condiciones seguras. Junto a esto, se promueve la participación de empresas de menor tamaño y se impulsan medidas de capacitación y acceso equitativo.
Además, entre otras normas, se determina que la entrada en vigencia de la ley sea a los 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial.
El texto, adicionalmente, incluía una norma transitoria que eliminó la Comisión de Hacienda. Ella autorizaba recursos para la contratación de un jefe de departamento en la Subsecretaría de Ciencia, a través del presupuesto de dicha cartera o, eventualmente, del Tesoro Público.
Debate
En la discusión de este proyecto participaron Diego Schalper, Helia Molina, Francisco Undurraga, Tomás Lagomarsino, Marta Bravo, Jaime Sáez, Erika Olivera, Agustín Romero, Juan Santana, Marisela Santibáñez, Miguel Mellado, Carlos Bianchi, Gael Yeomans, Hotuiti Teao, Daniela Serrano, Paula Labra y Daniel Lilayu.
Cabe mencionar que, tras la exposición del diputado Lilayu, se votó el cierre del debate, el cual se respaldó.
Desde la oposición, legisladores/as de RN, UDI, Evópoli y Republicanos manifestaron su rechazo a esta regulación de la IA. Si bien estimaron relevante levantar un marco normativo sobre la materia, consideraron que la presente propuesta no va en la línea correcta.
Sostuvieron que se basó en la legislación europea, sin una efectiva adecuación a la realidad chilena. Así, plantearon que se constituye como una regulación excesiva que ahogará el desarrollo y la innovación. Especialmente, fueron críticos con el marco de multas y consideraron que no se entregan las certezas necesarias.
Desde el centro y el oficialismo se apoyó al texto. En particular, se descartó que haya exceso de regulación. También se enfatizó que fueron dos años de tramitación, donde se escuchó a expertos, académicos, innovadores y empresarios, opiniones que permitieron emprender variados perfeccionamientos a la propuesta original.
Junto a lo anterior, se remarcó que esta normativa pone en el centro a las personas. De ahí que busca defender sus derechos fundamentales y propiciar que la IA esté al servicio del ser humano. Asimismo, se alertó que la desregulación puede generar incertezas y riesgos no deseados, lo que llevaría a crear brechas sociales y debilitar la confianza pública.
Votación
A la hora de las votaciones, el grueso de las normas se aprobó en general por 63 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones. Las de quórum especial, por el contrario, se rechazaron, por no alcanzar el mínimo de aprobación, que exigía 77 votos afirmativos como base.
Dichas disposiciones referían al procedimiento de reclamación judicial en torno a los derechos y obligaciones emanados de esta ley.
En la ocasión, el Ejecutivo levantó la calificación de urgencia. Por efecto de lo anterior, no se votó en particular y el texto pasó a una nueva revisión a la Comisión de Futuro.
