Eximir a los vehículos de emergencia de la obligación de grabar la placa patente única en sus vidrios y espejos laterales es el objetivo de un proyecto (boletín 17613) aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.
La propuesta se originó en una moción impulsada por el diputado Cristián Araya, que se abordó en la Comisión de Emergencia. También firman la propuesta original Sergio Bobadilla, Ricardo Cifuentes, Juan Irarrázaval, Karen Medina (quien rindió el informe respectivo), Jorge Rathgeb y Marcela Riquelme.
El informe recuerda que la Ley 21.601, publicada el 11 de septiembre de 2023, buscó prevenir la venta de vehículos motorizados robados. Para sus fines, introdujo en la Ley de Tránsito una norma que obliga a grabar, de forma permanente, la placa patente única en los vidrios y espejos laterales de todos los vehículos motorizados.
Sin embargo, se observa en el texto, la finalidad de dicha disposición no se condice con la realidad de los vehículos de emergencia. Estos no suelen ser un objetivo de hechos delictivos como el robo y la receptación. En tal plano, la obligación legal solo constituye una carga económica innecesaria para dichas instituciones.
En tal plano, el proyecto exceptúa de dicha exigencia a los vehículos de emergencia pertenecientes a:
- Cuerpos de Bomberos.
- Policía de Investigaciones de Chile.
- Gendarmería de Chile.
- Servicios de salud.
- Servicio de Seguridad, salvamento y extinción de incendios.
Debate por eximición de vehículos de emergencia
En la discusión, los diputados Cristián Araya y Jorge Rathgeb defendieron la propuesta. La estimaron de suma lógica atendiendo los datos existentes a la fecha. También evaluaron que viene a equiparar la situación respecto de los vehículos de carabineros y de las FFAA, exceptuados en la citada Ley 21.601.
En una posición contraria se manifestó Francisco Undurraga. El legislador alertó que sí es posible que vehículos de carabineros y de la PDI sean robados, especialmente cuando se usan para investigaciones. En tal contexto, planteó que debiera ser el Gobierno el que proporcione los recursos para cumplir con la obligación de grabado.
Al momento de la votación, la idea de legislar de la iniciativa se respaldó por 126 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones. Dado que no fue objeto de indicaciones, también se dio por aprobada en particular, despachándose al Senado.
Control fronterizo norte
Además del proyecto que exime a los vehículos de emergencia del grabado de patente, se aprobó una nueva solicitud presidencial. En este caso, es para prorrogar, por otros 90 días, la aplicación del sistema de infraestructura crítica que opera en la macrozona norte. El nuevo decreto operará una vez vencido el vigente, el próximo 11 de agosto.
Este mecanismo autoriza a las FFAA a realizar tareas de control migratorio en las fronteras. Igualmente, se las faculta para contribuir en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas áreas de zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.
Según el informe aportado por el Gobierno, desde la entrada en vigor del primer decreto (febrero de 2023) se han desarrollado 40.723 tareas. De estas, el 74,3% corresponden a patrullajes terrestres. En promedio, se han desplegado 562 efectivos diarios.
Al 20 de julio de 2025 se ha controlado a 419.416 personas. Un 76,6% de ellas fue en la región de Tarapacá. En paralelo, se ha concretado la detención de 1.015 personas: un 43,8% por faltas y un 56,2% por delitos.
El texto comunica que, hasta el 27 de julio, se observa una caída del -34,2% en la cantidad de personas detectadas ingresando al país irregularmente con respecto al mismo periodo del 2024. Hasta el momento, los ingresos se han reducido tanto en Chacalluta (-81,0%) como en Colchane (-23,3%). En Ollagüe, en tanto, ha aumentado de 0 a 9.
Dado lo anterior, las reconducciones materializadas y no materializadas han disminuido. Sin embargo, en Colchane se observa un aumento en las reconducciones materializadas (27,5%).
Discusión
Participaron en el debate Yovana Ahumada, Renzo Trisotti, Matías Ramírez, Luis Sánchez, Sebastián Videla y Luis Malla.
En general, hubo apoyo a mantener la medida, entendiéndola como necesaria para enfrentar la migración irregular. Empero, se estimó insuficiente dada la realidad. Así, hubo diversos llamados a aumentar las reconducciones y efectuar controles más estrictos, que eviten el ingreso de criminales al país.
Otra arista expuso el riesgo que puede haber en que efectivos de las FFAA sean capcionados por el crimen organizado al realizar estas tareas. Como ejemplo se citó el reciente caso de miembros de la FACH que participaron en actividades de narcotráfico. En tal plano, se pidió avanzar en un fortalecimiento institucionalidad, controles reales, más inteligencia policial y el desmantelamiento de la red financiera de estos grupos.
En respuesta a dichas observaciones, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, resaltó la baja en los ingresos ilegales. Sin embargo, reconoció que la situación aún es compleja. Así, planteó que un debate pendiente es definir si se asigna este rol de control a las FFAA en forma permanente.
Respecto de la permeabilidad del crimen organizado en las FFAA, fue enfático en señalar que las tareas de resguardo fronterizo son necesarias y, por tanto, no pueden suspenderse bajo dicho temor. Acotó que la manera de enfrentar el tema es anticiparse con ajustes normativos, los cuales dijo ya se están conversando con las instituciones armadas.
Precisó que las normas se introducirán en la Ley de inteligencia. La idea es contemplar tanto medidas preventivas como sanciones para quienes se aparten de los principios institucionales.
