Establecer con claridad la competencia de la justicia militar en las investigaciones de delitos de espionaje es el objetivo del proyecto de ley presentado por el diputado Luis Sánchez, que está en debate en la Comisión de Defensa (boletín 17.690).
El texto plantea modificar el artículo 109 del Código Penal. Esto para disponer que en la investigación de estos delitos, cometidos en instalaciones, bienes o información de carácter militar, la causa se remita a la fiscalía militar.
Si durante el conocimiento de esta, añade el texto, se establece que la persona sospechosa no pertenece a las Fuerzas Armadas, nacionales o extranjeras, los antecedentes se remitirán al Ministerio Público.
El diputado Sánchez explicó en la sesión del pasado 22 de junio que esta iniciativa surgió tras el ingreso de dos personas extranjeras a una base de la Fuerza Aérea, en mayo pasado, presuntamente para realizar actividades de espionaje. El caso se derivó a la justicia ordinaria, la cual dejó en libertad a los implicados.
Al respecto, el legislador manifestó que la falta de preparación técnica de los jueces en materias de defensa habría permitido que los presuntos espías quedaran en libertad. Añadió que los casos de espionaje, por tratarse de amenazas externas a la seguridad nacional, deben ser resueltos en una instancia especializada.
Posturas preliminares de los parlamentarios
En las primeras jornadas de discusión, las y los integrantes de la comisión adelantaron algunas posturas. Asimismo, coincidieron en la necesidad que el Ejecutivo se involucre.
Así por ejemplo, la diputada Carmen Hertz señaló que, desde un punto de vista formal, el término “sospechoso de delito de espionaje” es ambiguo y, por tanto, no puede integrar un tipo penal. Asimismo, postuló que restablecer la competencia de la justicia militar sobre civiles ignora la ley N°20.477, que establece que en ningún caso los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.
Por su parte, el diputado Jorge Brito planteó diversos caminos para fortalecer el debido proceso. En esa línea, indicó que uno sería trasladar a la justicia militar aquellos delitos que son cometidos por militares, pero se confunden con civiles; o traspasar los delitos militares a la justicia civil mediante tribunales especializados, como ocurre en Alemania. Agregó que también es necesario distinguir los distintos tipos de espionaje: industrial, comercial, militar y político.
A su vez, el diputado Andrés Jouannet criticó la falta de iniciativa del Ejecutivo para abordar el tema mediante un proyecto de ley. Advirtió la gravedad de la penetración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas y sostuvo que el país no está preparado para enfrentar esta amenaza, por lo que se requiere una reacción urgente, para lo cual propuso consensuar un proyecto de ley.
Igualmente, Cristian Labbé consideró que se necesita fortalecer la justicia militar y que en casos de espionaje no hay tiempo para crear nuevos sistemas o nuevas ramas de la justicia. Así también, el diputado Luis Sánchez valoró los aportes, pero rechazó la idea de crear tribunales civiles especializados desde cero y sugirió, en cambio, modernizar los mecanismos existentes.
Conducta a tipificar
Para el diputado Raúl Leiva no se puede legislar sobre un caso específico. Agregó que el problema de jurisdicción planteado en el proyecto ya está resuelto y es inconducente una nueva norma. Por el contrario, postuló que es un problema de tipificidad: qué conducta voy a sancionar, independiente de si es militar o civil. También cuestionó la referencia al artículo 109 del Código Penal, que aborda diversos delitos en tiempos de guerra, con un enemigo establecido. Esto, recalcó, no sería aplicable en tiempos de paz.
Otra inquietud planteada por el diputado Francisco Undurraga, en materia de técnica legislativa, es si corresponde incorporar una disposición de carácter procesal en el Código Penal. Añadió que es evidente que los delitos cometidos por civiles son competencia de la justicia ordinaria. Sin embargo, frente a un tema complejo, donde incluso un civil puede realizar labores de espionaje, lo que importa es la acción más allá de su condición de ciudadano civil o militar.
Sobre el punto, el diputado Enrique Lee indicó que entiende que se busca aumentar el resguardo, antes de determinar si son o no militares.
La comisión proseguirá la discusión general de la iniciativa en próximas sesiones con la presencia de diversos invitados.
