En forma unánime, la Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, el proyecto de ley (boletín 16402) que mejora la fiscalización y procedimientos en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior.
La iniciativa, despachada a segundo trámite, se originó en una moción impulsada por la diputada Marcia Raphael. Además, la firman Marta Bravo, Sofía Cid, Catalina Del Real, Paula Labra, Carla Morales, Ximena Ossandón, Marlene Pérez y Flor Weisse. Busca avanzar en el apoyo adecuado y oportuno a las víctimas, al proponer modificaciones que permitan una mayor operatividad a la Superintendencia de Educación Superior.
El texto reforma las leyes de educación superior y la que regula el acoso sexual, violencia y discriminación de género en la educación superior. La idea es mejorar la fiscalización de las denuncias dado que las universidades, centros de formación técnica e institutos no están preparados para ayudar a las víctimas, en materia de convivencia y salud mental.
Asimismo, se señala que, según diversos estudios, pese a que se registran casos de acoso y sus respectivos testigos, no se denuncia por miedo o falta de acompañamiento.
Contenido del proyecto
El texto establece que las investigaciones disciplinarias desarrolladas por las instituciones de educación superior no serán reservadas para los funcionarios fiscalizadores de la Superintendencia de Educación Superior. Además, deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en esta ley.
Sobre la atención de reclamos y denuncias, en caso que se inicien procedimientos sancionatorios o acciones de fiscalización por vulneración a las obligaciones contenidas en la Ley 21.369, se define que deberán realizarse con celeridad y prioridad, respecto de otras acciones.
En los procedimientos sancionatorios, quienes figuren como víctimas, tendrán acceso a todos los antecedentes del procedimiento. Podrán solicitarlos directamente a la Superintendencia, la que deberá entregarlos en un plazo de diez días hábiles, desde la realización de la solicitud.
Acogida a tramitación la denuncia y notificada la institución o una vez sancionada o absuelta, no se podrá tomar ningún tipo de represalia en contra del o la denunciante.
La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia. Recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos. Se notificará al presunto infractor a través del correo electrónico que tenga registrado el ente fiscalizador con comprobación de la recepción.
Cuando los hechos que dan origen a un procedimiento sean también de conocimiento de un proceso judicial, la Superintendencia deberá remitir los antecedentes al tribunal respectivo. Esto, cuando lo solicite la parte interesada o de oficio, en un plazo de cinco días hábiles. Si la denuncia se realizó bajo reserva, se mantendrá en dicha calidad por el tribunal que conozca el proceso.
Discusión
El informe de la Comisión de Educación lo entregó Marcia Raphael. En el debate intervinieron, en dos sesiones, Alejandra Placencia, Stephan Schubert, Flor Weisse, Andrés Celis, Carla Morales y Hotuiti Teao.
Observaron la necesidad de que se actúe con celeridad y prioridad al momento de hacer una denuncia. Así, coincidieron en que se requiere de un rol más activo de los entes fiscalizadores, en particular de la Superintendencia. A su vez, valoraron que se dé más transparencia y acceso a la carpeta investigativa para las víctimas y que se les proteja de represalias, una vez interpuesta la denuncia.
Valoraron positivamente que, a diferencia de épocas anteriores, hoy las víctimas de acoso muestran mayor coraje para denunciar este tipo de hechos. Sin embargo, advirtieron que, muchas veces, las víctimas se ven más expuestas que sus propios agresores. Esto genera procesos de revictimización que deben ser evitados a toda costa.
Enfatizaron que las instituciones educativas deben ser espacios seguros, donde estudiantes puedan desarrollarse sin miedo a enfrentar situaciones que afecten su bienestar o autoestima. Asimismo, destacaron que el proyecto contempla acciones concretas, como establecer plazos para informar a los tribunales y garantizar a las víctimas el acceso a los antecedentes de sus casos y que se exija responsabilidad a los funcionarios que no cumplan con sus deberes.
Finalmente, subrayaron la importancia del enfoque territorial del proyecto, considerando que no todas las universidades cuentan con las mismas condiciones para implementar las medidas que se proponen.
