La Comisión de Zonas Extremas contó con la participación de diversas organizaciones, en su mayoría provenientes de Arica y Parinacota, para exponer sobre la necesidad de garantizar igualdad de condiciones para quienes trabajan en la función pública.
En ese contexto, Gloria Lillo Rebolledo, presidenta de la CONFUSAM regional de Arica y Parinacota, destacó la falta de conectividad y los altos costos de la energía eléctrica como factores que agravan las condiciones laborales en la región. Asimismo, se refirió al aislamiento territorial, los problemas de transporte y las inclemencias climáticas que dificultan el traslado de personas, especialmente en situaciones de emergencia.
También abordó el impacto del aumento de la migración irregular, que ha incrementado significativamente la demanda asistencial. En ese marco, alertó sobre la presencia de organizaciones criminales como el “Tren de Aragua”, lo que ha generado una presión adicional sobre los funcionarios de salud, quienes deben trabajar en un contexto de creciente violencia y delincuencia, afectando tanto su integridad física como emocional.
Finalmente, Lillo subrayó el alto costo de la vida en la región, el cual deteriora la calidad de vida de los trabajadores. Por ello, planteó la necesidad de implementar un bono de zona extrema o un per cápita diferenciado que compense estas condiciones adversas.
Educación Zonas Extremas
Por su parte, Hilda Silva, en representación de los funcionarios de la Universidad de Tarapacá, manifestó las dificultades que enfrentan como trabajadores de zona extrema, destacando el centralismo que ha afectado a regiones como Arica y Parinacota. “Hemos luchado por mucho tiempo desde las zonas extremas, pero el centralismo sigue siendo una barrera que impide el trato igualitario para nuestras instituciones y sus trabajadores”, señaló.
En su intervención, explicó que los funcionarios de universidades públicas, al ser instituciones autónomas, han sido históricamente excluidos de beneficios como la asignación de zona o el bono de zona extrema. “Se nos dice que, por ser autónomos, no tenemos derecho al mismo trato que el resto de los funcionarios públicos centralizados. En nuestro caso, estos beneficios deben salir del presupuesto de la propia universidad, lo que nos deja en una posición muy desfavorable”, afirmó.
Aclaró que, si bien el Estado entrega una parte del bono, esto no es comparable al monto que reciben otros sectores del aparato público. “Mientras los funcionarios centralizados lo reciben de forma directa y estable, a nosotros nos llega un monto único anual que debe ser distribuido y al aumentar la cantidad de trabajadores contratados ese bono se reduce significativamente”, explicó.
Finalmente, recordó que el primer bono se consiguió tras “una dura lucha” en 2008 y 2009. Pero, desde entonces, las condiciones siguen siendo injustas. Por ello, hizo un llamado a reconocer la situación particular de las universidades regionales en zonas extremas, las que además deben competir con otras instituciones del país sin contar con los mismos recursos ni apoyo.
Diputados por Árica y Parinacota
El diputado Luis Malla afirmó que lo expuesto no es un problema menor ni puntual. Aseguró que estamos frente a una situación grave: una muestra evidente de la desidia y el abandono del Estado hacia sus trabajadores públicos. Este abandono, añadió, afecta a diversas áreas —educación, salud, aeronáutica civil— y se traduce en desigualdades evidentes respecto a la asignación de zona y los bonos correspondientes.
En ese sentido, solicitó oficiar al Gobierno para que se otorgue igualdad de condiciones a todos los funcionarios y funcionarias públicas. El legislador recalcó que es necesario que se reconozca a quienes forman parte del Estado —como los docentes del SLEP y los profesores de la Universidad de Tarapacá— como trabajadores públicos con todos sus derechos.
Por su parte, Vlado Mirosevic, denunció como una injusticia, que afecta a funcionarios públicos en zonas extremas, no recibir el bono de zona pese a desempeñar funciones similares a otros que sí lo perciben. Al respecto, dijo que no hay justificación jurídica ni moral para esta desigualdad.
El parlamentario valoró la organización de los gremios afectados y reiteró su compromiso con la causa. En dicho sentido, criticó la ausencia en la sesión de la directora de Presupuestos y emplazó al gobierno a actuar con voluntad política. “No nos vamos a resignar. Seguiremos agotando todas las instancias hasta que se repare esta evidente injusticia”, concluyó.
