Por 31 votos a favor, 56 en contra y 30 abstenciones, la Sala de la Cámara rechazó la idea de legislar en torno a un proyecto (boletín 17004) que extendía el Crédito Especial a la Construcción. La propuesta, que venía con informe negativo desde la Comisión de Economía, pasó a archivo y no se podrá presentar una iniciativa de igual tenor hasta dentro de un año.
Específicamente, la reforma constitucional planteaba prorrogar el citado crédito por 10 años, a contar de la fecha de publicación de la iniciativa. La idea era generar un incentivo a la construcción de viviendas, en especial aquellas de interés social que no superan las 2.000 Unidades de Fomento.
La iniciativa se originó en una moción de la diputada Yovana Ahumada (IND). También la firman Mónica Arce (IND), Viviana Delgado (IND), Félix González (IND), Carla Morales (RN) y Emilia Nuyado (PS).
En dicho texto, explican que la propuesta se funda en la necesidad de reactivar la actividad de constructoras e inmobiliarias. Además, en contribuir a superar el déficit habitacional que existe en el país.
El beneficio permitía a las empresas constructoras deducir de los montos de sus pagos provisionales mensuales (PPM) el 65% del débito del IVA, el cual se debe determinar en aquellas ventas de bienes inmuebles para habitación.
Objeciones del Ejecutivo a reactivar el crédito
Durante su trámite en la Comisión de Economía, el Gobierno planteó su objeción a la propuesta, en forma y fondo. Sostuvo que, al usar una reforma constitucional, el proyecto busca sortear la iniciativa exclusiva que tiene el Ejecutivo en esta materia. Según alertó, esto altera el equilibrio de competencias entre el Congreso y el Ejecutivo.
Ahora, respecto del crédito propiamente tal, se recordó que la Ley 21.420, de 2022, consideró una eliminación progresiva en tres años, que culminaba en enero pasado. Sin embargo, en 2023, la Ley 21.558 extendió la transición hasta 2027, con ajustes que aseguraron una eliminación gradual y que mitigaron el impacto fiscal. Pese a esto, la extensión implicará menores ingresos fiscales estimados en 125 mil millones de pesos, para 2025; y 131 mil millones, para 2026.
Respecto al impacto fiscal de la propuesta actual, el Ejecutivo advirtió que tendría un efecto significativo. Sostuvo que implicaría una menor recaudación estimada en 5 billones de pesos entre 2025 y 2035.
