En forma unánime, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago (boletín 17.675).
El texto impulsado por el diputado Leonardo Soto y conocido como “Metro Seguro”, contó con respaldo transversal y la venia del Ejecutivo, a través de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. También, del presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz.
Éste último, sostuvo que el proyecto contribuye a los pilares de la empresa, como mejorar las condiciones de seguridad en la red. Tema que se ha impulsado mediante un plan integral de seguridad desde 2022, lo que significó una inversión de 45 mil millones de pesos extras de presupuesto.
Además, se tradujo en un aumento en un 20% de la dotación del personal de seguridad, que alcanza a dos mil trabajadores. De estos, 856 son funcionarios de Metro. Además, también incluyó la compra de cámaras de seguridad, corporales y el desarrollo de video analítica.
Por otra parte, se firmaron convenios con seis municipios, con la gobernación metropolitana, el delegado presidencial y el Ministerio de Transportes, con el fin de abordar la seguridad en estaciones, superficie y regular el comercio ambulante. Este tema es difícil de erradicar por el cambio de estrategia de los comerciantes.
Respecto a los guardias vigilantes, el presidente de Metro aclaró que no tienen atribuciones para decomisar mercadería, ni para retener a personas que comenten infracciones y delitos. Por lo cual, pidió avanzar en esta materia para no estar supeditados a personal de Carabineros y guardias municipales.
Finalmente, recalcó que la empresa Metro es una sociedad anónima 100% del Estado. Sin embargo, no tienen las facultades fiscalizadoras de antes, cuando los trabajadores eran funcionarios públicos; por lo cual necesitan recuperar dicha capacidad.
Observaciones a “Metro Seguro”
Desde Metro plantearon definir claramente las infracciones y delitos del Código Penal. Se pidió incluir la realización de espectáculos sin autorización previa, hacer uso de instalaciones al interior de las estaciones, trenes o vagones en estado de intemperancia por intoxicación alcohólica u otras causas.
En tanto, la subsecretaria Leitao explicó que hace tiempo el gobierno está trabajando para reforzar la vigilancia y la seguridad de los millones de personas que circulan por la red.
En esa línea, consideró que es un buen proyecto para apoyar las capacidades y abordar el comercio ilícito. Por ello, están disponibles para presentar indicaciones al mismo.
Otro aspecto mencionado es que la normativa debe ser concordante con otros proyectos de ley. Entre ellos, el estatuto de seguridad municipal, que integra como función de los inspectores municipales a requerir la identidad en un plazo determinado y cursar infracciones.
Asimismo, manifestó que se podría otorgar a Metro la facultad de destinar recursos para espacios de bodegaje; así como, definir un proceso claro de retención de objetos, mercancía y mercadería.
Finalmente, dijo que se debe definir con claridad qué trasgresiones son faltas y cuáles son delitos.
Cuidadores de Autos
En una segunda materia, la comisión aprobó legislar en materia de regular los servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública y sanciona su ejercicio no autorizado.
Sobre el texto -originado en dos mociones (boletines 17405 y 17539)- el Ministerio Público, a través de María Angélica San Martín, abogada de Asesoría Jurídica, señaló que la entidad es partidaria de una regulación integral del tema, más que de un nuevo tipo penal.
Por ello, validaron que sean las municipalidades las que regularicen o enrolen a las personas que se dedican a esta actividad. Agregó, que quienes no cumplan con la habilitación puedan ser infraccionados vía ordenanza municipal, a través de los Juzgados de Policía Local.
La jurista dijo que, si las infracciones son en forma habitual, por ejemplo, tres veces al año, sean los juzgados quienes deriven el delito para una investigación penal.
Protección de gendarmes
Finalmente, la Comisión de Seguridad Ciudadana inició el estudio del proyecto que resguarda la identidad de los funcionarios de Gendarmería ante la población penal (boletín 16995). El autor de la iniciativa, diputado Jaime Araya, explicó que muchos funcionarios son amenazados porque la población penal accede a sus nombres, RUT y domicilios, y son amenazados por el crimen organizado y bandas criminales.
La idea es que, en forma voluntaria, el funcionario pueda solicitar ante la Dirección Regional correspondiente la posibilidad de desempeñar sus funciones portando elementos de protección personal que le permitan mantener su rostro cubierto ante los reclusos. Así como, que se reemplace su nombre y apellido en las etiquetas o parches de identificación en el uniforme, por un código alfanumérico que sea personal e intransferible.
