Establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal específica respecto de los delitos que pudiesen cometerse en contra de dirigentes de organizaciones comunitarias por la labor que desempeñan, es el objetivo del proyecto despachado por la Cámara.
El texto, que modifica el Código Penal, se originó en dos mociones refundidas (boletines 11948 y 12926). Se aprobó en particular, en forma unánime, con 124 votos a favor. Como resultado de esto, el texto pasó a su segundo trámite, al Senado.
Cabe recordar que la Sala aprobó la iniciativa en general el 17 de diciembre de 2020. Sin embargo, volvió a la Comisión de Constitución, fruto de indicaciones que, finalmente, se descartaron. Ellas proponían incluir en el proyecto a organizaciones de defensa de asuntos ambientales.
Una de las mociones (boletín 11948) ingresó en julio de 2018. La firmaron los exdiputados Jaime Tohá, Juan Luis Castro, Marcelo Díaz, Manuel Monsalve y Raúl Saldívar. También la suscribieron los actuales legisladores Marcos Ilabaca, Jaime Naranjo y Juan Santana. La otra iniciativa (boletín 12926) se presentó en septiembre de 2019. La impulsaron Diego Ibáñez, Boris Barrera y el exdiputado Víctor Torres.
Para sus fines, el texto enmienda el Código Penal. Así, en caso de delitos de amenazas de atentado contra las personas, se podrá subir en un grado la pena si la víctima integra una organización comunitaria funcional, junta de vecinos o unión comunal (Ley 19.418). Ello, en casos en que sea en represalia al ejercicio de sus funciones.
Además, en delitos como homicidio, mutilación, lesiones graves y menos graves contra dirigentes vecinales o comunales, también se podrá aplicar una pena superior en un grado.
Protección a dirigentes comunitarios
En forma transversal, las y los legisladores respaldaron el proyecto que reconoce la labor voluntaria y profesional que cumplen las y los dirigentes vecinales o comunales. Destacaron que trabajan desinteresadamente por la calidad de vida de sus vecinos y son la cara visible para plantear las demandas ciudadanas.
Muchos dieron a conocer casos de dirigentes comunitarios y vecinales que fueron hostigados, agredidos, baleados o víctimas de quema de sus casas por denunciar o enfrentar a la delincuencia y al narcotráfico. Según observaron, se trata de víctimas que son abandonadas por el Estado. Con dichas acciones, alertaron, se pretende acallar a toda una comunidad.
Si bien la mayoría consideró este proyecto como un avance también hubo críticas. Se planteó como una normativa insuficiente, ya que establece una facultad que podría aplicar el juez, en orden a subir en un grado la pena. Además, se cuestionó la positividad real de probar la motivación específica de actuar en contra de los dirigentes por sus actividades.
Por otra parte, evaluaron que el Estado debería otorgar a los dirigentes sociales otros beneficios. Entre ellos, un permiso laboral para ejercer la labor comunitaria, atención preferencial en centros de salud y contar con seguros en caso de ser lesionados. Otras ideas apuntaron a ampliar la protección a los espacios comunitarios y que no se les nieguen los comodatos que algunas organizaciones tienen.
En la discusión intervinieron Héctor Barría, Daniella Cicardini, Viviana Delgado, Fernando Bórquez, Marta González, Marcia Raphael, Hotuiti Teao, Nathalie Castillo, Carolina Tello, Daniel Lilayu, Francesca Muñoz, Marcos Ilabaca, Cristián Tapia, Jorge Brito, Juan Carlos Beltrán, Ricardo Cifuentes, Enrique Lee, Arturo Barrios, Diego Schalper, Luis Alberto Cuello, Luis Sánchez, Héctor Ulloa, Natalia Romero, Ana María Bravo, Andrés Jouannet, Luis Malla, Renzo Trisotti, Sebastián Videla, Jorge Guzmán, Andrés Giordano, Álvaro Carter, Juan Santana, Ana María Gazmuri y Felipe Camaño.
