Regular la identificación y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) con altas capacidades en el sistema educativo es el objetivo del proyecto aprobado y despachado a Sala por la Comisión de Educación.
La iniciativa (boletín 17295), de autoría del diputado Felipe Camaño, tiene como finalidad asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión de personas identificadas con altas capacidades y/o potencial de talento. A su vez, eliminar cualquier forma de discriminación, así como, promover y concientizar un abordaje integral de dichas capacidades en el ámbito educativo.
En esa línea, el texto define el término “educación inclusiva y equitativa” como un proceso sistémico de mejora e innovación educativa orientado a promover la participación de todos los alumnos, con especial atención en aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad a la exclusión.
El proyecto, que ahora pasará a su debate en el pleno de la Cámara, establece que los alumnos/as tienen derecho a recibir una atención y educación adecuada, con medidas educativas específicas que permitan su desarrollo integral e interdisciplinario dentro de sus establecimientos educacionales.
Para ello, el Ministerio de Educación deberá establecer las adecuaciones necesarias para la implementación de necesidades específicas de apoyo educativo, contener las orientaciones técnicas para el diseño e implementación de medidas de enriquecimiento; además de entregar flexibilización, mecanismos de seguimiento y evaluación de la trayectoria educativa de los estudiantes con altas capacidades.
Educación Especial
La iniciativa también establece que la educación especial es una modalidad que se desarrolla en distintos niveles, tanto en los establecimientos de educación regular como especial.
Se entenderá que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación.
La norma propuesta precisa que los establecimientos educacionales particulares pagados no podrán cobrar un mayor valor de matrícula ni un arancel superior a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes en razón de los ajustes necesarios y apoyos pertinentes para su acceso y permanencia en el establecimiento.
Adicionalmente, se efectuarán adecuaciones curriculares para necesidades educacionales específicas, tales como las que se creen en el marco de la interculturalidad, de las escuelas cárceles y de las aulas hospitalarias, entre otras.
