Por 96 votos a favor y uno en contra, la Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales resultantes de la Mediación. El acuerdo (boletín 17694) se adoptó en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, el 20 de diciembre de 2018.
El informe de la Comisión de Relaciones Exteriores lo rindió el diputado Cristhian Moreira. En él se explica que la mediación es un mecanismo alternativo de resolución de controversias que permite reducir los costos y la duración de los litigios. Así, se evita dañar las relaciones comerciales de las partes involucradas.
De ahí que este mecanismo se utiliza cada vez más en la práctica comercial internacional y nacional como una alternativa al litigio y al arbitraje. Sin embargo, según expuso el Ejecutivo en el trámite, no existía un marco jurídico internacional que apoyase este ámbito. Debido a esto, los tribunales nacionales, actualmente, no tienen jurisdicción para ejecutar estos acuerdos respecto de la parte que no ha cumplido. De tal modo, desalienta el uso de la mediación en relación con el arbitraje comercial internacional.
La Convención está sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los signatarios. También está abierta a la adhesión de todos los Estados que no sean signatarios.
Según se evalúa, la ratificación de este acuerdo permitirá la ejecución directa de acuerdos de transacción. Asimismo, proporcionará certeza jurídica a las partes de una mediación y puede fomentar el uso de este mecanismo alternativo de resolución de controversias. Así, se espera que contribuya a generar ahorros en la administración de justicia por parte de los Estados.
Estado de excepción
La Cámara también respaldó una nueva solicitud del Presidente de la República. A través de ella se requiere de la autorización del Congreso Nacional para prorrogar por 30 días la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur.
La presente extensión, ya aprobada por el Senado, se aplicará una vez vencido el decreto vigente, el próximo 28 de agosto.
De acuerdo a lo informado, se ha concretado la detención de 1.359 personas en el contexto de servicios por el Estado de Excepción. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, agregó que se han presentado 509 querellas. Producto de ellas han habido 590 condenas.
Otros datos aportados mencionan que, al 10 de agosto, se registra una disminución del 39% de los eventos de violencia rural en la macrozona sur, con respecto al mismo periodo del 2024. El descenso llega a un 80%, en comparación con el 2021. Cabe destacar que en el 2025 se reporta la menor cifra de eventos al comprar con el mismo periodo del 2017-2025.
Los ataques incendiarios, robos y eventos de sustracción de madera son los delitos que más han disminuido respecto del 2024. Específicamente, los ataques incendiarios se redujeron un 36%, mientras que los robos un 52% y los eventos de sustracción de madera un 55%.
Críticas desde la Cámara
Pese a las cifras entregadas en el informe y a los antecedentes aportados por la ministra, quienes intervinieron en la Sala de Cámara emprendieron variadas críticas.
Andrés Jouannet, Flor Weisse, Miguel Mellado y Stephan Schubert resaltaron que las cifras no dicen relación con la realidad que se vive en La Araucanía. También refutaron los efectos del Plan Buen Vivir y los acuerdos alcanzados en la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Apelaron a abordar con mayor compromiso y fuerza el combate contra los grupos delictuales y terroristas que operan en la zona. Asimismo, se instó a resolver la situación de las personas con predios usurpados, a quienes se les sigue cobrando contribuciones.
Por su parte, la diputada Emilia Nuyado sostuvo que persiste un clima de desconfianza desde el pueblo mapuche. Dei igual modo, observó que existe una difícil relación de los pueblos indígenas con el Estado. En este contexto, reconoció que las consultas que se están llevando a cabo están teniendo una respuesta negativa y pidió que se escuche a las instituciones representativas.
Ciudadanía para Gioconda Belli
Además, la Cámara aprobó, en general y en particular, por 60 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones, un proyecto (boletín 15847) que le entrega la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la escritora de origen nicaragüense, Gioconda Belli Pereira. La propuesta, originada en una moción en el Senado, pasó a fase de promulgación como ley.
La poeta y novelista Gioconda Belli nació en 1948 en Managua, Nicaragua. Desde 1990, alternó su residencia entre los Estados Unidos y Nicaragua. A partir de 2013, se estableció de manera permanente en su país natal.
Desde muy joven participó en el movimiento revolucionario que derrocó a Anastasio Somoza, en 1979. En ese entonces ocupó posiciones importantes en el Gobierno y el partido Sandinista, del que se separó en 1993.
En febrero de 2023 el gobierno de Daniel Ortega privó a Belli de su nacionalidad, junto a 300 opositores a dicho régimen. Por ello, el Gobierno chileno le manifestó su voluntad de ofrecerle la nacionalidad chilena, por especial gracia, acto que la beneficiaria aceptó con mucho agrado. “Chile tiene un profundo vínculo con Nicaragua, desde Rubén Darío hasta Pablo Neruda, Nicanor Parra, Marcela Serrano, Carla Guelfenbein. Hoy puedo decir que la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses”, remarcó en una declaración.
En el debate de este proyecto expusieron Renzo Trisotti, Miguel Ángel Becker, Stephan Schubert, Alejandro Bernales y Leonardo Soto. Los tres primeros pidieron rechazar la propuesta. Si bien reconocieron la trayectoria de la escritora y su calidad de defensora de los DDHH, resaltaron que no guarda mayor relación con Chile. Observaron que nunca vivió en nuestro país ni desarrollado proyectos acá que ameriten entregar este reconocimiento.
Bernales focalizó su presentación en solicitar al Ejecutivo más apoyo a la hora de tramitar proyectos de ciudadanía por gracia que sean del ámbito cultural, versus los deportivos. Soto, en tanto, defendió la propuesta y recordó que Chile se caracteriza por ser un país que defiende el “asilo contra la opresión”.
