Las y los diputados de la Comisión Especial Investigadora por la reconstrucción tras los incendios que afectaron a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024, aprobaron su informe.
Ante la instancia, las y los diputados presentaron cuatro propuestas de conclusiones. Por ello, antes de proceder a la votación de cada informe por separado, se buscó aunar criterios de los diversos textos para incorporar elementos como la preocupación en materias de salud mental y obtener un consenso general en torno a la falta de medidas a favor de los damnificados.
En líneas generales, por unanimidad se aprobaron una serie de modificaciones administrativas y reglamentarias para acelerar lo que se denominó “un lento proceso de reconstrucción”. Asimismo, diversas consideraciones legales para la eliminación de trabas burocráticas, con el fin de hacer más diligentes los procesos. El objetivo final es disminuir los tiempos que se evidenciaron en cada una de las etapas del proceso de reconstrucción.
En ese sentido, un punto relevante que se incorporó en el informe es la necesidad de contar, como Estado, con una entidad especializada a cargo de los procesos de reconstrucción. A esta propuesta, presentada por el diputado Tomás Lagomarsino, se suma contar con una herramienta independiente, para que en cualquier catástrofe, se pueda contar con mecanismos flexibles que permitan que los damnificados no deban esperar tanto tiempo para obtener soluciones.
El informe final ahora será puesto a consideración de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La comisión recomienda remitir el mismo a diversas reparticiones públicas y a los representantes de los damnificados que expusieron ante la comisión.
Lenta ayuda a damnificados por los incendios
En la discusión sobre el resultado de esta investigación, para los diputados en forma transversal es claro que hubo atrasos y deficiencias en la implementación de una política pública de apoyo a los damnificados por los incendios.
En dicho sentido, el diputado Longton, uno de los autores del informe base aprobado, recalcó la importancia de alcanzar un acuerdo mayoritario para que los damnificados puedan avanzar con las modificaciones que esperan aprobar a partir de este informe.
Además, tal como explicaron posteriormente los diputados Diego Ibáñez y Arturo Barrios, es necesario que el gobierno acelere el trabajo y que dialogue constantemente con las familias de los afectados para cumplir con el compromiso del Presidente Boric.
Recalcaron así que la fiscalización fue rigurosa, porque detrás de esto hay vidas humanas. Y, añadieron, no es posible pasar por alto todos los problemas burocráticos existentes.
Así, se aprobó por unanimidad que hay responsabilidad del Estado por la falta de planificación y/o ejecución de planes de emergencia, tal como lo estableció la Comisión investigadora sobre el incendio de 2024 (CEI 47,48, 49 y 51).
Responsabilidad política
Sin embargo, la principal discrepancia estuvo en torno a atribuir responsabilidades políticas a ciertas autoridades como los ministros de Vivienda y de Desarrollo Social o los municipios. Estos puntos del informe se votaron por separado, los cuales se rechazaron por mayoría (5 votos a favor y 7 en contra).
Al respecto, el oficialismo rechazó que se intentara atribuir acciones deliberadas a algunas autoridades. Igualmente, que se pida la salida de estos, lo cual en nada contribuiría a avanzar en la reconstrucción.
Por su parte, diputados de oposición, como Hotuiti Teao o Luis Sánchez, lamentaron que el informe no recoja estas responsabilidades, porque es evidente, a su juicio, que hubo negligencia. Del mismo modo, señalaron que las autoridades no estuvieron a la altura de lo que significó esta catástrofe, hubo falta de liderazgo y ausencia de certezas hacia los damnificados.
