En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley quedó el proyecto (boletín 16396) que otorga prioridad a personas con discapacidad en la atención de servicios públicos y privados, luego que la Sala de la Cámara aprobara, en forma unánime, las modificaciones del Senado al texto despachado previamente por la Corporación.
La iniciativa se originó en una moción presentada por la diputada Marlene Pérez (IND). También la firman, desde la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Juan Fuenzalida, Cristián Labbé, Henry Leal, Cristóbal Martínez, Cristhian Moreira y Flor Weisse. Para sus fines, modifica la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad.
En el segundo trámite se mantuvo la redacción de la norma base de esta nueva ley. Ella define que la atención de prioridad se dirigirá a personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Se amplía también para sus cuidadores o cuidadoras, que cuenten con el certificado respectivo. El Senado extendió la opción de acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo reconocido por la ley.
La atención preferente y oportuna aplica para todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público.
Para el caso de atenciones en salud, regirá lo dispuesto en la Ley 20.584. Esta normativa regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Específicamente, se apunta a la norma que regula el derecho a la atención preferente. Allí se incluyen las y los mayores de 60 años, las personas con discapacidad y sus cuidadores/as.
Cambios del segundo trámite
En el Senado se agregaron dos nuevas consideraciones. La primera extiende este beneficio al resto del sector privado, apuntando a los proveedores, según lo define la Ley de protección de los derechos de los consumidores. Cabe recordar que el término “proveedores” refiere a personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.
En dicho contexto, la presente normativa determina que, si un proveedor comete una infracción relacionada con esta ley, se considerará una vulneración del derecho a la no discriminación arbitraria. Esto, sin perjuicio de los otros derechos que asisten a las personas con discapacidad y sus cuidadores en su calidad de consumidores.
La segunda norma adicionada, vinculada a la anterior, aclara qué se entenderá por atención preferente y oportuna. Así, se define como “la adopción y aplicación de acciones y medidas que aseguren el derecho de las personas a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, disminuyendo sus tiempos de espera”.
Debate por este derecho a personas con discapacidad
En la discusión participaron Ana María Gazmuri, Marta Bravo, Camila Rojas, Marcos Ilabaca, Carla Morales, Jorge Saffirio, Viviana Delgado, Francisco Undurraga, Renzo Trisotti, Marcela Riquelme, Andrés Celis, Miguel Ángel Calisto, Jaime Mulet, Maite Orsini, Ximena Ossandón, Yovana Ahumada, Helia Molina, Gastón Von Mühlenbrock, Cristián Tapia, Hernán Palma, Danisa Astudillo, Marlene Pérez, Leonardo Soto, Sergio Bobadilla, Nathalie Castillo, Ana María Bravo, Andrés Jouannet, Luis Malla y Daniella Cicardini.
Todas las intervenciones estuvieron por apoyar la propuesta y valorar los cambios del Senado, que permitieron ampliar el rango de aplicación del beneficio. Se estimó de justicia y de equidad para las personas con discapacidad y sus cuidadores/as.
Pese a lo anterior, también hubo un sostenido llamado al Ejecutivo a acompañar esta propuesta con recursos y políticas adecuadas. De tal modo, se espera consignar avances reales y no generar leyes que se queden solo en el papel. Así, la idea es propiciar cambios culturales que den cuerpo a este tipo de normativas.
A través de la ministra (S) de Desarrollo Social, Paula Poblete, el Ejecutivo entregó su apoyo. Remarcó que la propuesta es un avance significativo que se complementa con otras iniciativas legales que promueve el Gobierno. “La atención preferente no constituye un privilegio sino una medida de equidad”, puntualizó.
Convenio de coproducción audiovisual
La Sala también aprobó y derivó a segundo trámite un convenio de coproducción audiovisual entre Chile y Costa Rica (boletín 17752). Se suscribió en Santiago, el 12 de octubre de 2023, y en San José, el 13 de octubre del mismo año.
El acuerdo establece un marco jurídico que permite potenciar la creación conjunta de obras cinematográficas y televisivas. El objetivo es fortalecer el intercambio cultural y económico entre ambos países.
Las obras audiovisuales coproducidas en el marco de este documento serán reconocidas como obras nacionales en ambos países. Esto les permitirá acceder a beneficios, incentivos y apoyos disponibles, tanto en Chile como en Costa Rica.
Para obtener la calificación como obra nacional, las coproducciones deberán contar con la aprobación de las autoridades competentes: en Chile, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y en Costa Rica, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.
Entre otros aspectos, el convenio regula las condiciones para que las productoras accedan al reconocimiento, incluyendo requisitos técnicos, profesionales y financieros. Igualmente, norma la distribución de las obras; la participación de personal técnico y artístico; y la atribución de créditos, al tiempo que facilita la circulación temporal de equipos y trabajadores vinculados a las coproducciones.
El diputado Stephan Schubert rindió el informe de la Comisión de RREE. En el debate resaltó que este tipo de convenios fomenta la industria audiovisual en los países que los suscriben. Ello permite generar más réditos para el país, promover la imagen en el exterior y fortalecer la presencia en otros lugares.
