La Comisión de Vivienda aprobó en general el proyecto que busca perfeccionar el procedimiento para garantizar el acceso gratuito a bienes de uso público, como playas de mar, ríos y lagos.
El proyecto, en concreto, modifica el artículo 13 del decreto ley N°1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado (boletín 17581).
Tal como explicó el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, el proyecto no amplía el catálogo de bienes de uso público, sino busca perfeccionar la normativa para que las autoridades competentes puedan ejercer y materializar, efectivamente, la facultad de fijar accesos, cuando corresponda.
De este manera, el proyecto del gobierno propone establecer que los propietarios, arrendatarios o tenedores de dichos terrenos deberán permitir el acceso sin costo a personas que deseen realizar actividades turísticas, recreativas, de pesca, investigación o deportes. Asimismo, sanciona a quienes obstruyan los accesos definidos, con multas de 10 a 100 UTM, que pueden duplicarse en caso de reincidencia.
En caso de no existir acuerdo entre los propietarios y el Estado, la vía de acceso será determinada por el delegado presidencial regional, a solicitud del Ministerio de Bienes Nacionales, previa audiencia con los afectados. La norma, además, prevé un proceso de reclamación ante los juzgados de letras y explicita que no se podrán fijar accesos en terrenos que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o recintos militares.
Impresiones parlamentarias
El presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Fuenzalida, señaló que valora que el proyecto regule de mejor manera el procedimiento para fijar los citados accesos. Sin embargo, advirtió que también es necesario revisar el tema del derecho de propiedad, porque a su juicio, en esta materia colisionan dos derechos fundamentales: “por un lado, el derecho de los ciudadanos a acceder a un bien nacional de uso público y, por otro, el derecho de los privados sobre la propiedad de sus terrenos”.
El parlamentario subrayó que podrían generarse situaciones de alta conflictividad si no se regula adecuadamente. Además, planteó que el proyecto sí amplía el concepto de acceso, al incorporar la realización de actividades como el turismo, la pesca o el deporte, lo que podría afectar aún más a los propietarios de los terrenos colindantes.
Por eso, consideró que existe la oportunidad de mejorar la norma para conciliar ambos derechos, sin que ninguna de las partes resulte afectada de manera injusta, concluyó.
Por su parte, el diputado Tomás Hirsch recalcó que todos los años existen familias que quieren disfrutar de las playas del país, y ven impedido su derecho por las trabas al acceso a estos lugares.
En esa línea, planteó que es necesario avanzar para que esos bienes, que son de uso público, estén efectivamente al alcance de todas las familias. Destacó, por lo mismo, el apoyo para esta primera etapa de aprobación en general y que espera que la comisión avance rápidamente en su discusión en particular.
“De ese modo, ya este verano podríamos contar con una ley que garantice a las familias chilenas el derecho de acceder a nuestras maravillosas playas de mar, de ríos y de lagos, y disfrutarlas plenamente en familia”, puntualizó.
Denuncias
Finalmente, el ministro Figueroa precisó que la iniciativa busca dar respuesta a la gran mayoría de denuncias que actualmente recibe la cartera. Específicamente, dijo, aquellas que se refieren a accesos ya fijados y que han sido obstaculizados o donde se cobra por el ingreso.
Es por esta razón que el proyecto otorga competencia a los juzgados de policía local para ordenar la reapertura de dichos accesos, fortaleciendo así la capacidad del Estado para hacer cumplir la normativa.
